De la austeridad al salto millonario: gobierno de Kast eleva tope de sueldos de asesores hasta casi $10 millones

Un oficio de Dipres fechado el 17 de marzo fijó un nuevo techo para asesores del Ejecutivo, casi duplicando el rango permitido en la administración anterior.

El gobierno de José Antonio Kast estableció un nuevo tope para el pago de asesores, el cual puede alcanzar hasta los $9.963.058 mensuales (rozando los $10 millones), según un oficio oficial emitido por la Dirección de Presupuestos (Dipres) el pasado 17 de marzo de 2026.

La medida contrasta directamente con lo fijado durante la administración de Gabriel Boric, donde el límite para este tipo de funciones se situaba entre los $5,5 y $6 millones, instalando cuestionamientos sobre el criterio de austeridad en el gasto público.

¿Ajuste técnico o señal política?

El documento establece que el nuevo monto corresponde a un tope máximo, al que solo se puede acceder cumpliendo requisitos específicos como experiencia profesional, formación académica y especialización. Sin embargo, el cambio amplía de forma considerable el margen para contratar asesores estratégicos dentro del aparato estatal.

La decisión abre el debate sobre si responde a la necesidad de atraer perfiles altamente calificados o si constituye una señal política en un contexto económico tensionado.

Contexto y tensión pública

El ajuste se conoce en medio de un escenario marcado por presiones fiscales y medidas orientadas a la contención del gasto, lo que instala dudas sobre la coherencia entre el discurso económico del Ejecutivo y el aumento en los márgenes de remuneración para cargos de confianza.

Aunque no implica un alza automática para todos los asesores, el nuevo techo redefine los límites del gasto en personal estratégico, generando reacciones en distintos sectores.

¿Cambio necesario o contradicción?

El contraste entre ambas administraciones instala un punto de fricción evidente: mientras el gobierno anterior fijó límites más acotados en línea con una señal de austeridad, la actual administración opta por ampliar el rango disponible.

¿Se trata de una actualización técnica acorde al mercado profesional o de una decisión que tensiona el discurso del propio gobierno?