El reporte oficial reveló que el Tesoro Público alcanzó US$3.617 millones en febrero, muy por encima de lo informado meses atrás. Parlamentarios acusan inconsistencias en el relato del Ejecutivo y exigen explicaciones por decisiones económicas justificadas en una supuesta falta de recursos.
Un nuevo informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) encendió el debate político tras revelar que la denominada “caja fiscal” del país alcanzó los US$3.617 millones en febrero, más que duplicando los US$1.406 millones registrados en enero y muy por encima de los US$46 millones informados en diciembre. Este último dato había sido utilizado por el gobierno para advertir una estrechez de recursos en medio de decisiones clave, como el financiamiento del Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (MEPCO).
La publicación del Reporte de Activos Consolidados del Tesoro Público generó una inmediata reacción desde el oficialismo, donde parlamentarios cuestionaron duramente la coherencia del discurso del Ejecutivo. Desde el Congreso, acusaron que se instaló una narrativa de “caja vacía” que no se condice con los datos oficiales, apuntando directamente al manejo comunicacional del Ministerio de Hacienda y al sustento de medidas económicas recientes, como el alza en los combustibles.
Las críticas también pusieron el foco en la responsabilidad del gobierno al informar sobre el estado de las finanzas públicas, advirtiendo que una lectura errónea o sobredimensionada del escenario fiscal puede tener consecuencias políticas y económicas. En ese contexto, se emplazó al Ejecutivo a transparentar los criterios utilizados y a aclarar las diferencias entre el discurso previo y las cifras actuales.
Más allá de la controversia, el informe de Dipres también evidenció un crecimiento de 6,5% en los ingresos del Gobierno Central durante febrero, impulsado principalmente por la recaudación de la minería privada, beneficiada por el alto precio del cobre. En paralelo, el gasto público aumentó 5,1% real anual, mientras que el balance fiscal registró un déficit de 0,3% del PIB en el mes.
El episodio vuelve a tensionar el debate sobre la credibilidad de las cifras fiscales y la consistencia del relato económico del gobierno, en un contexto donde las decisiones en materia de gasto e ingresos siguen bajo fuerte escrutinio político.
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