Defensa de Ángela Vivanco exige a Fiscalía no entregar chats privados a la Corte Suprema por «Ilegalidad»

Los abogados defensores de la magistrada Ángela Vivanco, Cristóbal Osorio y Juan Carlos Manríquez, solicitaron que la Fiscalía se abstenga de entregar las conversaciones privadas entre Vivanco y el abogado Luis Hermosilla a la Corte Suprema, alegando que sería «totalmente irregular» y violaría el ordenamiento jurídico.

Esta petición surge tras la solicitud del presidente del máximo tribunal, Ricardo Blanco, quien pidió acceso a dichas comunicaciones en el marco de la investigación que involucra a Vivanco y Hermosilla por presunto tráfico de influencias.

El equipo anticorrupción de Carabineros llegó a la residencia de Vivanco para incautar dispositivos electrónicos, incluidos su celular y computadora, en busca de evidencias. La defensa de la magistrada, actualmente suspendida, argumenta que la entrega de los chats no tiene fundamento legal, ya que Ricardo Blanco no forma parte de la causa en curso.

Las conversaciones entre Vivanco y Hermosilla salieron a la luz, revelando posibles influencias indebidas por parte de Hermosilla para promover a Vivanco en su carrera judicial. Este escándalo llevó a la apertura de un proceso de remoción contra la magistrada, quien fue suspendida de sus funciones.

Los abogados de Vivanco aseguran que el procedimiento de remoción, regulado por el artículo 80 de la Constitución y otras normativas de la Corte Suprema, no contempla una fase de investigación como la que se está llevando a cabo. Según la defensa, la entrega de los chats infringe los principios de legalidad establecidos en la Constitución y las normas de la Corte Suprema, lo que convierte la solicitud de la Fiscalía en un acto «irregular».

Asimismo, recalcan que no existe una «fuente legal» que permita a la Corte Suprema acceder a estas comunicaciones sin el consentimiento de las partes involucradas o una autorización explícita. Si la solicitud se lleva a cabo sin cumplir con estos requisitos, advirtieron que esto podría dar lugar a la eliminación de la información y a posibles indemnizaciones por daños y perjuicios.