El organismo fiscalizador ofició a Gendarmería de Chile tras una denuncia anónima que acusa a Verónica Oporto González de un presunto uso irregular de licencias médicas para viajar a Futrono, comuna donde la parlamentaria realizó gestiones por una propiedad a nombre de su madre.
La Contraloría General de la República solicitó formalmente antecedentes a Gendarmería luego de recibir, el 11 de febrero de 2025, una presentación que apunta a la funcionaria Verónica Oporto González, madre de la diputada y recientemente electa senadora por Valparaíso. Según la denuncia, las licencias médicas habrían sido utilizadas para trasladarse a la comuna de Futrono, en la Región de Los Ríos.
El caso tomó notoriedad tras una publicación de Fast Check, que informó haber tenido acceso tanto a la denuncia como al oficio enviado por el ente contralor. El documento otorgó a Gendarmería un plazo de cinco días hábiles —prorrogables según normativa— para remitir los antecedentes y evaluar eventuales medidas.
La controversia se conecta con una gestión realizada previamente por la parlamentaria ante la Seremi de Bienes Nacionales de Los Ríos, consultando por el estado de tramitación de una propiedad en Futrono inscrita a nombre de su madre. La denuncia también sugiere que el vínculo familiar con la legisladora habría inhibido eventuales acciones internas dentro de la institución penitenciaria.
Asimismo, el reportaje consigna antecedentes sobre el ingreso de Oporto González a Gendarmería durante el período en que su hija se desempeñó como asesora en la Dirección Nacional del servicio. De acuerdo con registros públicos, en 2018 figuraba como administrativa grado 12. Hasta el cierre de la publicación, ni la diputada ni su madre habían emitido declaraciones, y desde Gendarmería tampoco se informó sobre eventuales investigaciones internas.


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