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Exfuncionario de Piñera deberá pagar más de $102 millones por fraude en residencias sanitarias

Ex jefe de atención primaria de Sebastián Piñera deberá pagar más de $102 millones por fraude en residencias sanitarias durante pandemia

Orlando Durán, exjefe de la Divap del Minsal durante la pandemia, fue condenado por negociación incompatible y fraude al Fisco tras adjudicar $205 millones a una empresa vinculada a él y su pareja. Cumplirá penas de libertad vigilada intensiva y quedó inhabilitado para ejercer cargos públicos.

El Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago condenó a Orlando Durán Ponce, exjefe de la División de Atención Primaria (Divap) del Ministerio de Salud durante el gobierno de Sebastián Piñera, por los delitos de fraude al Fisco y negociación incompatible en el marco de la contratación de residencias sanitarias en 2020. El tribunal acreditó que gestionó la adjudicación directa de un contrato por $205 millones a Hotel Clínico SpA, sociedad vinculada a él y a su pareja, Alexandra González Silva.

Según la sentencia, Durán no solo intervino en el trato directo, sino que transfirió $10,6 millones a su pareja para financiar la boleta de garantía exigida para suscribir el convenio con el Estado. Además, el tribunal estableció que se intentó defraudar al Fisco mediante planillas de pago con 145 supuestos pacientes, de los cuales el 88% no fue derivado oficialmente y 56 eran extranjeros que ya habían salido del país antes de la fecha de su presunta estadía.

La investigación también determinó que Durán emitió un certificado falso que acreditaba a su pareja como experta en zoonosis para justificar su contratación a honorarios en la Divap, labores que —según el fallo— nunca realizó, ya que se dedicaba a administrar el hotel vinculado al contrato cuestionado.

Como parte de las pruebas, Fiscalía presentó audios extraídos del celular del exfuncionario en los que reconocía su vínculo con el hotel y aludía a gestiones para evitar aparecer como autor de documentos. Durán fue condenado a dos penas de 900 días de presidio menor en su grado medio, las que fueron sustituidas por libertad vigilada intensiva. Además, deberá pagar multas que superan los $102 millones y quedó inhabilitado por tres años y un día para ejercer cargos públicos.