Los presidentes de las dos asociaciones de trabajadores de la Cámara de Diputadas y Diputados hicieron pública una denuncia contra el parlamentario Miguel Ángel Becker (Renovación Nacional), a quien acusan de afectar la integridad física y psíquica de un funcionario de la corporación.
La acusación surge en paralelo a una reciente reunión del Congreso donde se definieron los criterios iniciales para los sumarios del llamado Caso Licencias Médicas, que investiga el uso irregular de permisos de salud en la Cámara Baja.
Consultado por Radio Bío-Bío, el diputado Becker confirmó la existencia de la denuncia y señaló que fue presentada por el mismo funcionario que hoy lidera una de las asociaciones de trabajadores. En su declaración, el parlamentario argumentó que los hechos estarían relacionados con una “pérdida de confianza” que habría generado discrepancias con el denunciante.
La denuncia se sustenta en supuestas infracciones a las Garantías Constitucionales contenidas en el artículo 19 de la Constitución chilena, específicamente en sus numerales 1 y 4. Estos se refieren al derecho a la integridad física y psíquica, así como al respeto y protección a la vida privada y a la honra de las personas y sus familias. Además, se menciona la Ley N° 21.643, que refuerza la protección frente al maltrato y acoso en el trabajo.
Los dirigentes sindicales aprovecharon la instancia para hacer una serie de exigencias públicas a la corporación, solicitando transparencia respecto del uso de recursos fiscales en procesos relacionados con denuncias por maltrato laboral cometidas por diputadas y diputados. En concreto, pidieron un informe detallado sobre los gastos involucrados en este tipo de casos, incluyendo los costos asociados a las investigaciones internas.
También exigieron que se informe cuántas denuncias por maltrato o acoso han sido presentadas durante el actual período legislativo, y si los pagos correspondientes han sido asumidos por los parlamentarios implicados o por la Cámara como institución.
Cabe destacar que esta situación se enmarca en un proceso judicial en curso. Tal como establece el artículo 4 del Código Procesal Penal, no se debe considerar culpable a ninguna persona imputada hasta que la Justicia dicte una sentencia definitiva.
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