La región pasó de aproximadamente 4.500 solicitudes pendientes en diciembre de 2025 a cerca de 1.600 en noviembre de 2026. La nueva estrategia de Compin, presentada en el Instituto Teletón de Temuco, contempla una plataforma digital, evaluaciones simplificadas y el compromiso de resolver los procedimientos en un máximo de 30 días.
Los extensos tiempos de espera para obtener la certificación de discapacidad han representado una dificultad para numerosas familias de La Araucanía. Trámites que anteriormente podían demorar entre seis meses y un año comenzaron a ser abordados mediante una estrategia de modernización que busca agilizar las evaluaciones y facilitar el acceso a las credenciales y beneficios estatales.
La iniciativa fue presentada por autoridades regionales durante una actividad realizada en el Instituto Teletón de Temuco, donde se dieron a conocer las modificaciones implementadas por la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN).
De acuerdo con las cifras entregadas por el Gobierno, en diciembre de 2025 la región acumulaba aproximadamente 4.500 solicitudes pendientes de resolución. A noviembre de 2026, esa cantidad disminuyó a cerca de 1.600 expedientes, lo que representa una reducción del 64,4%, equivalente a unas 2.900 solicitudes menos.
Pese a esta disminución, todavía existe un número importante de personas que espera una respuesta para avanzar en el reconocimiento formal de su situación de discapacidad y acceder a los apoyos correspondientes.
De esperas de hasta un año a un plazo de 30 días
Uno de los principales cambios anunciados apunta a reducir los tiempos de tramitación de las solicitudes.
El seremi de Salud subrogante, Rodrigo Arzumendi Cifuentes, explicó que la nueva estrategia comenzó a implementarse el pasado 23 de septiembre y busca terminar con las prolongadas demoras que enfrentaban los solicitantes.
“Esta modernización busca entregar una respuesta concreta a quienes llevan meses esperando su certificación de discapacidad. Estamos fortaleciendo los procesos, incorporando herramientas tecnológicas y simplificando los procedimientos para que las personas puedan acceder oportunamente a este documento, que es fundamental para obtener beneficios”, sostuvo.
La autoridad agregó que anteriormente existían procedimientos que tardaban entre seis meses y un año en resolverse.
“Nosotros teníamos procesos que demoraban 6 meses y hasta un año en resolverse y gracias a esta modernización, que comenzamos a implementar el 23 de septiembre, ahora el proceso completo no debe retrasarse más de 30 días”, afirmó.
El plazo anunciado constituye uno de los principales compromisos de la estrategia, aunque la información entregada no especifica cuántas solicitudes nuevas ya han sido resueltas efectivamente dentro de ese período.
Una nueva plataforma para agilizar las certificaciones
La modernización contempla modificaciones tecnológicas, operativas, procedimentales y normativas destinadas a mejorar la gestión de las solicitudes.
Entre las principales medidas se encuentra la implementación de la plataforma electrónica Full Documentos, que reemplaza al sistema Cero Filas.
La nueva herramienta permitirá mejorar la trazabilidad de los expedientes, identificar solicitudes múltiples y monitorear los procedimientos de certificación a nivel nacional.
Asimismo, se simplifica el mecanismo de evaluación mediante el reemplazo de la comisión de certificación por una revisión técnica individual realizada por un profesional de la salud.
Con estos cambios, COMPIN busca evitar la acumulación de nuevas solicitudes y establecer un sistema de gestión que permita cumplir los plazos legales de manera sostenida.
Cerca de 1.600 solicitudes continúan pendientes
Durante la presentación, el seremi de Gobierno, Felipe Montero, destacó la disminución de los casos acumulados y la importancia de contar con la credencial de discapacidad para acceder a diferentes beneficios estatales.
“Detrás de cada familia que tiene algún integrante con algún grado de discapacidad hay una serie de beneficios que están disponibles y en ese sentido contar con la credencial de discapacidad es sumamente importante”, señaló.
La autoridad indicó que durante los últimos meses las solicitudes pendientes disminuyeron considerablemente.
“En estos meses de gobierno hemos logrado a lo menos reducir la cantidad de credenciales que estaban pendientes de tramitación, pasando de alrededor de 4.500 credenciales pendientes a 1.600 que es el número que tenemos hasta noviembre”, afirmó.
Sin embargo, los antecedentes oficiales no detallan cuántas de las solicitudes que dejaron de estar pendientes finalizaron con una certificación favorable, cuántas fueron rechazadas o cuántas concluyeron por otras razones administrativas.
Orientación para quienes todavía esperan una respuesta
La estrategia también considera un mecanismo de acompañamiento para las personas que mantienen solicitudes pendientes.
Según informaron las autoridades, quienes se encuentren en esta situación serán contactados dentro de un plazo de 30 días, mediante correo electrónico o a través de ejecutivos de Salud Responde, para recibir información sobre el estado de su solicitud y los pasos que deberán seguir.
La seremi de Desarrollo Social y Familia, Paulina Fernández, sostuvo que el proceso de certificación debe evitar dificultades adicionales para las familias.
“El acceso a una certificación de discapacidad no puede transformarse en una carrera de obstáculos para las familias. Nuestro compromiso desde el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través de Senadis, es contribuir a que este apoyo llegue a las personas, especialmente a quienes enfrentan mayores dificultades para realizar sus trámites”, expresó.
Asimismo, las autoridades aclararon que no es necesario acudir presencialmente a las oficinas de COMPIN para obtener orientación sobre las solicitudes pendientes.
Las personas que no hayan recibido un correo electrónico o una llamada telefónica pueden comunicarse con Salud Responde al 600 360 7777 o ingresar al sitio milicenciamedica.cl para solicitar que sean contactadas.
La modernización busca resolver los expedientes acumulados y evitar que los nuevos procedimientos vuelvan a registrar retrasos prolongados. No obstante, el desafío inmediato continúa siendo entregar una resolución a las cerca de 1.600 personas cuyas solicitudes permanecen pendientes en La Araucanía.


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