Gabriel Utreras Sanhuenza murió durante la madrugada del lunes 17 de agosto tras recibir un impacto de bala en medio de una fiscalización de Carabineros en Maquehue. La institución sostiene que el vehículo se abalanzó contra uno de sus funcionarios, quien efectuó dos disparos. La cámara corporal disponible no registró ese momento. La familia cuestiona el procedimiento, anunció una querella y este miércoles se movilizó para exigir poder velarlo.
Eran cerca de las 01:30 horas del lunes 17 de agosto cuando un procedimiento policial en la Ruta 194, camino al ex Aeropuerto Maquehue, en Padre Las Casas, terminó con un hombre muerto dentro de un vehículo.
Su nombre era Gabriel Utreras Sanhuenza.
Lo que comenzó como una fiscalización de tránsito se transformó, en cuestión de segundos, en un procedimiento con disparos, la llegada de equipos policiales especializados y una investigación que, dos días después, continúa dejando preguntas abiertas.
La primera información entregada por Fiscalía estableció que el conductor había resultado herido por disparos efectuados por un funcionario de Carabineros. Por instrucción del Ministerio Público, la Brigada de Homicidios y el Laboratorio de Criminalística de la PDI quedaron a cargo de las diligencias.
Posteriormente, Carabineros entregó su primera explicación institucional: durante un intento de fiscalización, uno de sus funcionarios habría visto amenazada su integridad física y utilizó su arma de servicio contra el conductor. Personal del SAMU llegó al lugar y constató su fallecimiento.
Pero durante este miércoles, el jefe de la Zona Araucanía de Carabineros, general Miguel Herrera Jorquera, agregó una pieza decisiva a la reconstrucción.
Dos disparos
Según explicó Herrera, la versión entregada por el propio funcionario involucrado señala que intentó detener el automóvil y que el vehículo “se abalanza contra él”.
Ante lo que calificó como un peligro inminente para su vida, el carabinero efectuó dos disparos contra el vehículo.
El general descartó que se haya producido un intercambio de disparos.
La PDI, en tanto, informó que Gabriel fue encontrado sin vida al interior del automóvil y que presentaba un impacto balístico en la zona torácica.
La diferencia entre los dos disparos efectuados y el único impacto identificado en el cuerpo será parte de los elementos que deberán aclarar los peritajes balísticos.
La Brigada de Homicidios también confirmó que Utreras mantenía una orden de detención vigente por desacato y otros antecedentes policiales.
Además, viajaba acompañado.
Carabineros informó que el copiloto fue detenido debido a que registraba dos órdenes de detención vigentes y antecedentes por otros delitos.
La cámara no registró el momento clave
Uno de los principales antecedentes conocidos este miércoles surgió cuando el general Herrera fue consultado por la existencia de cámaras corporales.
Solo uno de los funcionarios que participaba del procedimiento mantenía este dispositivo y, según explicó el jefe policial, la grabación comienza cuando Carabineros ya estaba solicitando la presencia de personal de salud.
Es decir, de acuerdo con la versión entregada por la propia institución, la cámara corporal disponible no registró el instante en que supuestamente el vehículo se abalanzó contra el funcionario ni los dos disparos posteriores.
Ese punto podría transformarse en uno de los ejes centrales de la investigación.
Será necesario establecer, mediante peritajes, testimonios y otros eventuales registros, si la dinámica descrita por el funcionario coincide con las evidencias encontradas en el sitio del suceso.
Funcionario quedó inicialmente como víctima
Herrera informó además que, tras las primeras diligencias realizadas en el lugar, el carabinero que disparó quedó inicialmente en calidad de víctima.
Sin embargo, el propio general reconoció que esa condición podría modificarse a medida que avance la investigación.
El cuerpo de Gabriel fue sometido a autopsia durante el martes 18 de agosto y Carabineros aseguró este miércoles desconocer sus resultados.
Paralelamente a la investigación penal que desarrollan Fiscalía y PDI, la institución policial abrió un proceso administrativo interno para revisar el procedimiento.
“Necesitamos justicia”
Mientras las policías reconstruyen lo ocurrido en Maquehue, la familia de Gabriel comenzó a organizar su propia ofensiva judicial.
Durante la mañana de este miércoles, Romina Angélica Riquelme Jaque, familiar del fallecido, confirmó a Novena Digital que interpondrán una querella.
“Después de que lo sepultemos, vamos a interponer una querella porque necesitamos justicia”, señaló.
La familia asegura que hasta ahora no tiene claridad respecto de cómo ocurrió exactamente el procedimiento.
Romina sostuvo además que, durante buena parte de esta jornada, ni siquiera habían podido reconocer personalmente el cuerpo.
“Nosotros no sabemos nada, imagínate que no sabemos si es él quien está allá adentro. Nosotros no hemos reconocido su cuerpo”, afirmó.
Los cercanos de Gabriel también han cuestionado públicamente la versión policial y exigen conocer las pruebas que permitan determinar si efectivamente el automóvil puso en riesgo la vida del funcionario.
La disputa por el funeral
La muerte abrió además un segundo conflicto: las condiciones en que podrá realizarse el funeral.
Desde el martes, familiares, amigos y representantes de la comunidad hip hop de Temuco han denunciado dificultades para retirar el cuerpo y realizar un velorio.
Según sus cercanos, Gabriel fue catalogado dentro de un funeral de alto riesgo, decisión que consideran injustificada y estigmatizante.
El general Herrera explicó que Carabineros confecciona una matriz estandarizada en la que se evalúan distintos antecedentes de la persona fallecida, entre ellos historial policial, reiteraciones y órdenes de detención.
Esa información es posteriormente remitida a la Delegación Presidencial Regional, organismo que adopta la decisión considerando además antecedentes proporcionados por otras instituciones, como la PDI y Gendarmería.
La familia rechaza que los antecedentes judiciales de Gabriel terminen definiendo públicamente su historia.
Sus cercanos reconocen que tuvo problemas con la justicia y que cumplió condena, pero aseguran que durante los últimos años desarrolló un proceso de rehabilitación y se transformó en un referente de la escena del rap local, participando en actividades junto a niños, adolescentes y jóvenes de distintos barrios.
Convocatoria frente a la Delegación
La tensión volvió a aumentar durante la tarde de este miércoles.
A través de historias de Instagram, una persona cercana a Gabriel realizó un llamado público para que amigos y conocidos se trasladaran hasta las afueras de la Delegación Presidencial Regional de La Araucanía, todavía denominada informalmente por algunos manifestantes como “la Intendencia”.
Según afirmó en el registro, les habían comunicado que podrían disponer del cuerpo, pero posteriormente aquello no se habría concretado.
“Estamos todos aquí para que nos dejen velar a nuestro amigo”, señaló, denunciando lo que calificó como un “abuso de poder” y una “vulneración de derechos”.
La protesta se suma a las gestiones realizadas durante las últimas horas por la familia para conseguir que Gabriel pueda ser velado antes de su sepultura.
Las preguntas que siguen abiertas
Dos días después de aquella madrugada en Maquehue, la investigación todavía tiene puntos fundamentales por resolver.
Carabineros sostiene, sobre la base de la declaración del funcionario, que el vehículo se abalanzó contra él.
El carabinero disparó dos veces.
Gabriel recibió al menos un impacto en el tórax y murió.
La cámara corporal disponible no registró el momento crítico.
Ahora serán la autopsia, los peritajes balísticos, las declaraciones de quienes viajaban en el automóvil, los testimonios policiales y cualquier evidencia adicional los que deberán establecer qué ocurrió realmente durante esos segundos.
Mientras tanto, la familia ya tomó una decisión: llevar el caso ante los tribunales y exigir que la muerte de Gabriel Utreras sea investigada hasta esclarecer por qué murió aquella madrugada en Maquehue.
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