Aunque el Gobierno Regional de La Araucanía destacó un avance de 51 puntos porcentuales en transparencia activa, la fiscalización oficial identificó incumplimientos en la publicación oportuna de información sobre la ejecución de recursos públicos.
El Gobierno Regional de La Araucanía alcanzó un 95% de cumplimiento en Transparencia Activa, según los resultados de una fiscalización realizada por el Consejo para la Transparencia (CPLT). La cifra representa una mejora significativa respecto del 44% que, de acuerdo con la máxima autoridad regional, existía cuando asumió la administración. Sin embargo, el mismo informe que respalda ese avance también detectó una infracción relacionada con la actualización de información presupuestaria.
A través de un video difundido públicamente, el gobernador sostuvo que al inicio de su gestión encontraron «importantes brechas en materia de transparencia y acceso a la información pública», afirmando que se adoptaron medidas para fortalecer controles internos y mejorar el acceso ciudadano a la información.
«Pasar de un 44% a un 95% de cumplimiento en transparencia activa no es solo una cifra», señaló la autoridad regional, agregando que los habitantes de La Araucanía hoy pueden conocer «con claridad cómo se gasta cada peso del gobierno regional, quiénes son los beneficiarios de cada programa y cómo se toman las decisiones».
Sin embargo, el informe técnico del CPLT muestra que la institución aún mantiene desafíos pendientes precisamente en uno de los ámbitos más sensibles para el control ciudadano: la información financiera.
Fiscalización oficial
Los resultados corresponden al Proceso de Fiscalización Rol F20-26, cuyos antecedentes fueron notificados mediante el Oficio N.º 11568, fechado el 26 de mayo de 2026 y firmado por el director general del Consejo para la Transparencia, David Ibaceta Medina.
La revisión fue efectuada sobre la plataforma institucional y sus resultados fueron posteriormente validados por el Consejo Directivo del organismo durante la Sesión Ordinaria N.º 1.607, realizada el 15 de mayo de 2026.
El objetivo del procedimiento fue verificar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley N.º 20.285 sobre Acceso a la Información Pública y las normas de Transparencia Activa que deben cumplir los organismos públicos.
Los puntos donde no hubo observaciones
El informe establece cumplimiento total en diversos ítems evaluados por el Consejo para la Transparencia.
Entre ellos destacan los Antecedentes Preparatorios PYME, el Índice de Actos y Documentos Secretos o Reservados, los Costos Directos de Reproducción, el registro de Sanciones Impuestas y las obligaciones asociadas a la Ley N.º 20.880 sobre Probidad en la Función Pública y Prevención de Conflictos de Interés.
En estas materias, la fiscalización no detectó incumplimientos ni observaciones que afectaran la calificación final del organismo regional.
La observación que impidió el cumplimiento total
Pese al positivo resultado global, el CPLT detectó una infracción específica en el apartado de Ejecución Presupuestaria.
Según el informe, al momento de la fiscalización se constató que la información disponible no se encontraba completamente actualizada. En particular, el organismo regional no había publicado los antecedentes correspondientes al mes de febrero de 2026, situación calificada como «Información desactualizada» y observada por los fiscalizadores en el marco del proceso.
La observación adquiere relevancia porque la ejecución presupuestaria es una de las herramientas que permite a la ciudadanía monitorear el uso de recursos públicos, conocer el avance del gasto regional y ejercer control sobre la administración financiera de la institución.
Entre el avance y el desafío pendiente
El resultado obtenido posiciona al Gobierno Regional dentro de un alto nivel de cumplimiento en materia de transparencia activa y respalda la afirmación de que existe una mejora respecto de evaluaciones anteriores.
Sin embargo, la misma fiscalización también evidencia que la meta de transparencia total aún no ha sido alcanzada. La observación sobre la actualización de la ejecución presupuestaria instala un contraste entre el discurso de acceso oportuno a la información y la necesidad de mantener permanentemente al día uno de los principales indicadores de gestión pública.
La próxima evaluación del Consejo para la Transparencia permitirá determinar si la institución logró corregir la observación detectada y avanzar hacia el cumplimiento íntegro de las obligaciones que exige la normativa vigente.
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