El arancel impuesto por Estados Unidos y la respuesta de su embajador hicieron sentir al país entero algo que el campo conoce hace años: reclamar ante un poder que fija las condiciones y se encoge de hombros. Los datos del trigo y del crédito muestran lo que las distorsiones internas ya le han costado a la agricultura chilena.
Antonio Walker declaró esta semana a El Líbero que “nuestro profesor de libre mercado y de la libre competencia no se está portando bien con Chile”. Se refería a la sobretasa arancelaria de 12,5% que Estados Unidos mantiene sobre una parte relevante de los productos chilenos que ingresan a ese mercado, entre ellos distintos bienes del sector agroalimentario.
La respuesta estadounidense ya la conocemos. Cuando ministros de Estado cuestionaron la medida, el embajador Brandon Judd sostuvo que, si querían hacer “comentarios provocativos”, era “tema de ellos”, y advirtió que una retórica de ese tipo “no ayuda a Chile” en las negociaciones.
El país planteó lo que considera una injusticia y el poderoso respondió encogiéndose de hombros.
Como gremio conocemos esa sensación.
Es la misma que ha sentido durante años el productor de trigo de Traiguén que viajaba a Santiago a explicar que el precio no alcanzaba para cubrir sus costos y volvía al sur con la misma respuesta: que reclamar no ayuda, que no es el momento, que es tema de otros.
Con una diferencia: él no la escuchó de un embajador extranjero. La escuchó en las oficinas de su propio Estado.
Y durante buena parte del período en que esto ocurría, entre 2018 y comienzos de 2021, el Ministerio de Agricultura estuvo encabezado precisamente por Antonio Walker.
El informe que quedó durmiendo
No es que faltara información.
En enero de 2019, durante la gestión de Walker, la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) publicó el informe Análisis del comportamiento reciente del precio de la harina de panificación.
El documento mostraba un fenómeno difícil de ignorar: entre diciembre de 2012 y octubre de 2017, el índice de precios del trigo cayó 22,6%, mientras el de la harina de trigo aumentó 4,5%. Odepa calificó ese comportamiento como poco habitual para dos productos que deberían estar estrechamente relacionados.
El estudio fue todavía más lejos. Para el período 2009-2012, una variación de 10% en el precio del trigo se transmitía como un cambio de aproximadamente 5,1% en el precio mayorista de la harina. Desde 2013, esa transmisión bajó a cerca de 1%. Es decir, se produjo una reducción de 81% en la transferencia de las variaciones de precios.
Dicho en simple: el trigo podía bajar fuertemente sin que esa caída se reflejara de igual manera en el precio de la harina.
El mismo estudio mostraba, además, que en 2016 los diez molinos de mayor tamaño producían el 51,5% de la harina en Chile, dentro de un universo de más de 70 plantas.
Ese diagnóstico salió del propio Ministerio de Agricultura. A nuestro juicio, no se tradujo en una reacción pública proporcional a la magnitud del problema ni en una discusión capaz de modificar estructuralmente las condiciones enfrentadas por los productores.
El libre mercado que hoy se reclama en la frontera también debe defenderse dentro de la casa cuando existen señales de que la competencia no está funcionando como debería.
La distorsión de afuera indigna. La de adentro no puede simplemente administrarse.
Y mientras discutimos la góndola de afuera, existe otro veredicto que lleva años acumulándose puertas adentro.
El veredicto de la banca
La banca chilena ha ido retirándose de buena parte de la economía productiva, y la agricultura no ha quedado al margen.
Los datos recopilados por Basanos a partir de información de la Comisión para el Mercado Financiero muestran una recomposición profunda del crédito desde 2012: aumenta el peso del financiamiento hipotecario y financiero-inmobiliario, mientras agricultura, industria, comercio y construcción pierden participación. La propia plataforma señala que, medidos en UF, los sectores productivos se encuentran entre 20% y 55% por debajo de sus máximos históricos.
Según los cálculos publicados por Basanos, de cada 100 UF adicionales prestadas por la banca desde 2012, 64 fueron al crédito hipotecario para vivienda, 27 al sector financiero e inmobiliario, tres al consumo y apenas seis al conjunto de las actividades productivas.
Eso merece una discusión mucho más profunda.
Durante años se ha pedido al agricultor que sea competitivo, tecnifique su producción, aumente rendimientos, innove y soporte las variaciones de los mercados internacionales. Pero ninguna empresa puede sostenerse indefinidamente si produce en un mercado donde tiene poca capacidad para negociar el valor de lo que vende.
Y un negocio que pierde margen también pierde acceso al crédito.
El caso de Rabobank ayuda a entender la transformación. El banco de origen cooperativo holandés, especializado internacionalmente en agricultura y alimentos, dejó de operar como banco en Chile en 2017 y devolvió su licencia bancaria. Sin embargo, el grupo no abandonó completamente el país: reestructuró su presencia mediante RaboFinance, entidad que actualmente continúa ofreciendo servicios financieros especializados para la cadena agrícola y alimentaria.
El dato relevante no es construir una caricatura sobre un banco que “huyó” del país. Es observar qué tipo de financiamiento logra sostenerse y qué productores van quedando fuera del sistema bancario tradicional.
Porque el banco no evalúa el esfuerzo. Evalúa el margen y la capacidad futura de pago.
Un productor con escaso poder para negociar el precio de su producto tiene menos capacidad para proyectar flujos. Y sin flujos previsibles, acceder al financiamiento se vuelve cada vez más difícil.
Ahí aparece el problema de fondo.
Un arancel impuesto por otro gobierno y una cadena interna donde existen fuertes asimetrías no son fenómenos idénticos, pero comparten una pregunta fundamental: ¿quién tiene realmente el poder para fijar las condiciones?
Quien defiende el libre mercado debe estar dispuesto a hacerse esa pregunta tanto afuera como adentro.
De lo contrario, no estamos defendiendo el mercado. Estamos defendiendo nuestro propio metro cuadrado de góndola.
Nivelar la cancha
Desde Agricultores Unidos AG no pedimos subsidios.
Pedimos que el mercado funcione.
Eso significa competencia real en la compra, mayor transparencia en la formación de precios e instituciones de libre competencia capaces de actuar a tiempo cuando existan antecedentes que justifiquen su intervención.
Donde existe competencia puede existir margen. Y donde existe margen, el financiamiento no necesita ser empujado artificialmente: vuelve porque nuevamente existe un negocio financiable.
Por eso hacemos un llamado al Gobierno y al Congreso.
La mejor respuesta al portazo de afuera es evitar repetir esos mismos portazos dentro del país.
Que ningún productor vuelva a salir de una oficina pública con la sensación que hoy tiene Chile cuando reclama ante Washington.
En Traiguén esa sensación la conocen hace años.
Camilo Guzmán
Presidente de la Asociación Gremial de Agricultores Unidos AG
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