La iniciativa fue respaldada por 105 diputados y busca entregar nuevas herramientas a los establecimientos educacionales para enfrentar hechos graves de violencia dentro de las comunidades escolares.
La Cámara de Diputados aprobó este martes el proyecto de ley Escuelas Protegidas, iniciativa que busca fortalecer la convivencia educativa y entregar mayores facultades a las comunidades escolares para actuar frente a situaciones graves de violencia. Con 105 votos a favor y 46 en contra, el texto fue despachado del Congreso Nacional y quedó en condiciones de convertirse en ley de la República.
El proyecto apunta a resguardar el derecho a la educación y la seguridad de estudiantes, docentes, asistentes de la educación y demás integrantes de las comunidades escolares, estableciendo mecanismos para enfrentar hechos que alteren el normal desarrollo de las actividades educativas.
La ministra de Educación, María Paz Arzola, valoró la aprobación de la iniciativa y sostuvo que permitirá poner a disposición de los establecimientos nuevas herramientas para abordar los problemas de violencia que afectan a distintos recintos educacionales del país.
Más facultades para enfrentar hechos violentos
Según explicó la secretaria de Estado, el objetivo es que los colegios puedan implementar estas medidas lo antes posible para responder de manera más efectiva frente a delitos y situaciones de violencia que hoy afectan la seguridad de los entornos educativos.
Arzola también destacó que durante su tramitación en el Senado se incorporaron modificaciones destinadas a responder inquietudes planteadas por distintos sectores, aunque aseguró que la esencia del proyecto se mantuvo intacta.
“En definitiva la esencia de esta iniciativa no ha cambiado, sigue cumpliendo su propósito”, señaló la ministra.
A la espera de su promulgación
Con la aprobación obtenida en la Cámara de Diputados, el proyecto concluye su proceso legislativo y ahora deberá ser promulgado por el Presidente de la República para posteriormente ser publicado en el Diario Oficial.
De esta forma, la iniciativa avanza hacia su entrada en vigencia con el objetivo de fortalecer las herramientas disponibles para abordar la violencia escolar y contribuir a entornos educativos más seguros.
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