Matthei cuestiona registro de vándalos de Kast y abre debate sobre sanciones a uniformados condenados

La exalcaldesa planteó que si se restringen beneficios sociales a quienes cometan delitos o incivilidades, el mismo criterio debería aplicarse a funcionarios de las Fuerzas Armadas y otros servidores públicos condenados por hechos graves.

La propuesta del Presidente José Antonio Kast de crear un Registro Nacional de Vándalos e Incivilidades sumó un nuevo capítulo luego de que la exalcaldesa Evelyn Matthei cuestionara algunos alcances de la iniciativa y planteara que las sanciones no deberían limitarse únicamente a determinados grupos de personas.

Durante una entrevista en Radio Pauta, Matthei abordó la posibilidad de restringir beneficios sociales a quienes sean incorporados en el registro y sostuvo que, bajo esa lógica, también debería analizarse la situación de funcionarios públicos o uniformados que cometan delitos graves.

“Supón que tienes a un sargento de la Fuerza Aérea que se mete en la droga, ¿también le vas a quitar la pensión? Yo creo que sí”, señaló la exjefa comunal, instalando un debate sobre la aplicación transversal de eventuales sanciones asociadas a beneficios estatales.

¿Qué propone el Registro Nacional de Vándalos?

La iniciativa fue anunciada por Kast durante su Cuenta Pública y contempla la creación de un registro destinado a personas condenadas o sancionadas por diversas conductas consideradas incivilidades o delitos.

Entre ellas se encuentran agresiones a funcionarios públicos, daños a infraestructura comunitaria, rayados no autorizados, interrupciones del transporte público y otras acciones que, según el Ejecutivo, afectan la convivencia y la seguridad de los barrios.

La propuesta también considera restricciones para acceder a determinados beneficios estatales, lo que ha generado un intenso debate político y jurídico respecto de sus alcances y su eventual constitucionalidad.

Matthei pide considerar la situación de los jóvenes

Junto con cuestionar la aplicación de las sanciones, Matthei sostuvo que el debate debe considerar especialmente el contexto de los jóvenes involucrados en este tipo de situaciones.

Según indicó, la responsabilidad debe ir acompañada de oportunidades de reinserción y apoyo, señalando que en muchos casos es necesario ofrecer acompañamiento y perspectivas de desarrollo antes de enfocarse exclusivamente en medidas punitivas.

Debate abierto en el oficialismo y la oposición

La propuesta ha generado reacciones tanto a favor como en contra. Mientras desde el Gobierno se ha defendido la necesidad de establecer consecuencias concretas para quienes dañen espacios públicos o afecten la convivencia ciudadana, distintos sectores han advertido sobre posibles conflictos constitucionales y el riesgo de generar sanciones adicionales a las ya establecidas por la justicia.

Las declaraciones de Matthei agregaron un nuevo elemento a la discusión al plantear que, si el criterio es vincular conductas delictivas con la pérdida de beneficios o privilegios estatales, este debería aplicarse de manera uniforme a todas las personas, incluyendo a funcionarios de instituciones armadas y de seguridad.