La Suprema confirma que la eliminación de televisores y más de 100 refrigeradores personales en el ex Punta Peuco no es ilegal, poniendo fin a un régimen penitenciario excepcional que otorgaba privilegios a los responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar. La decisión refuerza la transición del penal hacia condiciones comunes, equiparando a sus internos con el resto del sistema carcelario chileno.
Después de meses de pugna judicial, la Corte Suprema ratificó la medida de Gendarmería que retiró electrodomésticos como refrigeradores, televisores, calefactores y microondas a los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario Til-Til. La Tercera Sala, integrada por ministros y abogadas del máximo tribunal, respaldó los argumentos de seguridad eléctrica y ordenamiento del recinto, desestimando la solicitud de inspección judicial y los alegatos de maltrato presentados por la defensa de los reos.
Con esta resolución, se confirma que los 134 internos mayores de 80 años que permanecían en un penal diseñado para ofrecer condiciones privilegiadas —desde electrodomésticos personales hasta patios, canchas y bibliotecas— deberán adaptarse al estándar del sistema penitenciario común. La decisión marca un hito en la normalización de Punta Peuco, cumpliendo con el anuncio presidencial de Gabriel Boric de eliminar presos de “primera y segunda categoría” y poniendo fin a décadas de trato excepcional para quienes cometieron crímenes de lesa humanidad.


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