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Exmandatarios iberoamericanos solicitan a la CPI la captura de Nicolás Maduro

Treinta expresidentes y exjefes de Estado de América Latina y España presentaron un informe ante la Corte Penal Internacional pidiendo la detención del presidente venezolano, Diosdado Cabello y toda la cadena de mando del régimen por crímenes de lesa humanidad.

Este viernes, un grupo de 31 expresidentes iberoamericanos pidió a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) la «captura y detención inmediata» del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, así como de su número dos, Diosdado Cabello, y de toda la cadena de mando del país. La solicitud se fundamenta en un informe jurídico de seis páginas que fue presentado por el expresidente colombiano Andrés Pastrana, quien representa a los firmantes.

Entre los expresidentes firmantes se encuentran destacados líderes como Eduardo Frei Ruiz-Tagle de Chile; Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy de España; Álvaro Uribe e Iván Duque de Colombia; Mauricio Macri de Argentina; Vicente Fox de México y Carlos Mesa de Bolivia, quienes integran la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA-Democrática).

El documento presentado acusa al régimen de Maduro de «violaciones sistemáticas y generalizadas de derechos humanos», incluidos crímenes de lesa humanidad y terrorismo de Estado. La denuncia también extiende su alcance a los altos mandos del Ejército venezolano, quienes han sido fundamentales en el mantenimiento del régimen.

En 2021, la CPI ya había abierto una investigación contra Venezuela por crímenes de lesa humanidad cometidos desde 2014. Sin embargo, la actual denuncia presentada por los exlíderes se centra en la Ley Constitucional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que nombra a Maduro como comandante en jefe, lo que lo responsabiliza directamente de las acciones del Ejército.

Andrés Pastrana también ofreció la cooperación del grupo IDEA para aportar evidencias y respaldo legal a la CPI, con el objetivo de agilizar el proceso. Asimismo, expresó su preocupación por la seguridad de los líderes opositores venezolanos Edmundo González y María Corina Machado, así como por los más de 1.200 presos políticos que permanecen en el país.