La instancia técnica convocada por el Ministerio del Trabajo presentó 22 propuestas para enfrentar la crisis del empleo en Chile. Entre ellas figuran semanas laborales de hasta 52 horas en ciertos períodos, un nuevo sistema de indemnizaciones y cambios a las causales de despido. Ninguna de las medidas está vigente ni ha sido presentada como proyecto de ley.
Chile enfrenta uno de los períodos más prolongados de debilitamiento del mercado laboral de los últimos años. Con 40 meses consecutivos de desempleo igual o superior al 8%, una tasa de 9,1% en el trimestre febrero-abril de 2026 y cerca de 70 mil empleos formales perdidos desde 2022, el Gobierno convocó a un grupo de especialistas para elaborar propuestas que permitan impulsar la creación de empleo.
El resultado fue el informe final de la Mesa de Reactivación Laboral, una instancia técnica e independiente creada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, que reunió a nueve economistas, académicos y exautoridades para elaborar recomendaciones destinadas a aumentar el empleo formal, reducir la informalidad y mejorar la participación laboral, especialmente de las mujeres.
Sin embargo, varias de sus propuestas han generado un intenso debate debido a que plantean cambios profundos en la legislación laboral chilena.
¿Qué es la Mesa de Reactivación Laboral?
La Mesa de Reactivación Laboral fue constituida el 8 de mayo de 2026 por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, encabezado por el ministro Tomás Rau.
Se trata de una comisión técnica temporal, no de un organismo permanente del Estado ni de una comisión legislativa. Su objetivo fue elaborar un diagnóstico sobre la situación del empleo y proponer medidas concretas para enfrentar la desaceleración del mercado laboral.
Durante cerca de siete semanas de trabajo, la mesa realizó alrededor de 40 audiencias con organizaciones, gremios, expertos y representantes de distintos sectores antes de entregar un informe con 22 propuestas.
La instancia fue presidida por el economista David Bravo y estuvo integrada por nueve especialistas provenientes de distintos sectores académicos y de exautoridades de gobiernos de diferentes tendencias políticas.
No son cambios aprobados
Uno de los aspectos más importantes del informe es que ninguna de sus propuestas está vigente.
El documento constituye únicamente un conjunto de recomendaciones técnicas. Para que cualquiera de estas medidas llegue a aplicarse, el Gobierno debe decidir si las incorpora en un proyecto de ley, el cual posteriormente deberá ser discutido, modificado y eventualmente aprobado por el Congreso Nacional.
Es decir, no existe ninguna modificación inmediata al Código del Trabajo.
Jornadas de hasta 52 horas: ¿qué propone realmente el informe?
Probablemente la medida que más repercusión ha tenido es la relacionada con la jornada laboral.
Actualmente, la legislación permite promediar la jornada de 40 horas semanales en un período relativamente acotado. Los expertos sostienen que ese sistema entrega poca flexibilidad a empresas cuyos niveles de actividad cambian según la época del año.
Por ello, proponen ampliar el período para calcular el promedio de la jornada desde las actuales cuatro semanas hasta 15 semanas —similar al promedio de países de la OCDE— o incluso 52 semanas, es decir, un año completo.
En la práctica, esto significaría que durante temporadas de mayor actividad un trabajador podría desempeñar jornadas considerablemente más largas y luego compensarlas con semanas de menor carga laboral, siempre respetando el promedio establecido.
El informe señala que el límite máximo podría llegar a 52 horas semanales, considerando tanto la jornada ordinaria como las horas extraordinarias.
Los autores argumentan que este sistema facilitaría la planificación en sectores estacionales como el turismo, la agricultura o el comercio.
Cambios a la indemnización por años de servicio
Otra de las propuestas apunta a modificar gradualmente el sistema de indemnización por años de servicio.
Actualmente, un trabajador despedido por necesidades de la empresa puede acceder a una indemnización equivalente a un mes de remuneración por cada año trabajado, con un tope legal.
La mesa propone que, para los nuevos contratos, este sistema sea reemplazado por una indemnización «a todo evento», financiada mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía.
A diferencia del sistema actual, este mecanismo permitiría acceder al beneficio incluso cuando el trabajador renuncie voluntariamente o termine su contrato por otras causales.
Según los expertos, esto aumentaría la movilidad laboral y entregaría mayor cobertura. Sin embargo, la propuesta también ha generado críticas por el eventual impacto que tendría en los costos asociados al despido.
Mayor claridad para despedir por necesidades de la empresa
El informe también propone modificar la causal de «necesidades de la empresa».
Los especialistas plantean que la ley defina con mayor precisión las situaciones que justificarían un despido bajo esa causal, incorporando ejemplos como caídas sostenidas en las ventas o procesos de reorganización empresarial.
Asimismo, recomiendan restablecer expresamente la denominada «falta de adecuación del trabajador» como una circunstancia que podría justificar una desvinculación.
De acuerdo con el informe, el objetivo es otorgar mayor certeza jurídica tanto para empleadores como para trabajadores y reducir la judicialización de estos procesos.
Trabajadores con múltiples funciones
Otra de las propuestas busca modificar las normas sobre polifuncionalidad.
Actualmente, cuando un contrato contempla diversas funciones, estas deben pertenecer a una misma naturaleza laboral.
La mesa propone eliminar esa restricción para que empleadores y trabajadores puedan acordar múltiples funciones, aunque sean de distinta naturaleza, siempre que queden expresamente establecidas en el contrato.
Los expertos sostienen que esta medida permitiría adaptar mejor las empresas a los cambios tecnológicos y a las nuevas formas de organización del trabajo.
Reducción temporal de jornada durante crisis
El informe también plantea crear un mecanismo permanente para enfrentar períodos de crisis económica.
La propuesta permitiría que empresas con dificultades reduzcan temporalmente la jornada laboral y paguen únicamente por las horas efectivamente trabajadas.
La disminución de ingresos del trabajador sería compensada parcialmente mediante recursos del Seguro de Cesantía, mientras que la empresa no podría despedir trabajadores por necesidades de la empresa durante la vigencia de este mecanismo.
La idea toma como referencia instrumentos similares utilizados durante la pandemia de COVID-19, aunque con carácter permanente.
Un informe que abre el debate
Las 22 propuestas entregadas por la Mesa de Reactivación Laboral buscan responder al deterioro que enfrenta el mercado laboral chileno, pero varias de ellas implican modificaciones profundas al Código del Trabajo y a la forma en que actualmente se regulan las relaciones laborales.
Por ahora, el informe constituye únicamente una base técnica para la discusión pública. Será el Gobierno quien determine cuáles de estas recomendaciones impulsará mediante proyectos de ley y, posteriormente, el Congreso el que tendrá la última palabra sobre su aprobación o rechazo.
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