El Ejecutivo ingresó un proyecto que eleva el ingreso mínimo a $546.546, pero sin acuerdo con la CUT y en medio de cuestionamientos por un reajuste que no mejora el ingreso real.
El Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que propone un reajuste de $7.546 al sueldo mínimo, elevándolo desde los actuales $539.000 a $546.546 para trabajadores entre 18 y 65 años. La medida regiría desde el 1 de mayo de 2026, en caso de ser aprobada.
El aumento se basa exclusivamente en la variación del IPC entre enero y marzo de 2026, que alcanzó un 1,4%, lo que configura un reajuste acotado cuyo objetivo declarado es “mantener el poder adquisitivo”, sin generar un impacto significativo en los costos laborales.
Pero el punto de quiebre aparece fuera del texto técnico: la iniciativa fue presentada sin acuerdo con la CUT, que proponía un salario mínimo cercano a los $637.000, marcando un nuevo foco de tensión entre el Ejecutivo y el mundo sindical.
¿Es suficiente un reajuste que solo iguala la inflación?
Desde el Gobierno se argumenta que más del 70% de quienes reciben el sueldo mínimo trabajan en micro, pequeñas y medianas empresas, sector que podría verse afectado por alzas más agresivas. Bajo esa lógica, el proyecto busca equilibrar el ingreso de los trabajadores con la estabilidad del empleo.
En paralelo, la propuesta incluye el reajuste de beneficios como la asignación familiar, maternal y el subsidio familiar, todos vinculados al mismo ajuste por IPC.
En el plano estructural, el texto introduce un cambio relevante: a partir de 2027, el sueldo mínimo se reajustaría de forma automática según la inflación acumulada, evitando futuras negociaciones políticas anuales.
Sin embargo, el contexto económico también presiona el debate. El Ejecutivo reconoce un escenario de debilidad en el mercado laboral y niveles de desempleo cercanos al 8,9%, lo que habría influido en optar por un incremento moderado.
La discusión ahora se traslada al Congreso, donde el proyecto deberá enfrentar críticas desde distintos sectores.
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