Gobierno ingresó proyecto que fortalece a Contraloría y permite levantar secreto bancario

La iniciativa busca modernizar la Ley Orgánica del organismo y otorgarle nuevas facultades para reforzar el control del gasto público y la transparencia institucional.

El Gobierno ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que busca fortalecer las atribuciones de la Contraloría General de la República, encabezada por Dorothy Pérez, con el objetivo de mejorar su capacidad de fiscalización sobre los organismos del Estado y sus recursos financieros.

La propuesta, elaborada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia (Segpres) en conjunto con la Contraloría, apunta a modernizar la Ley Orgánica del ente fiscalizador, incorporando nuevas facultades en materia de acceso a información financiera y responsabilidad administrativa.

Uno de los cambios más significativos es que la Contraloría podrá levantar el secreto bancario de las cuentas institucionales de servicios públicos, accediendo directamente a información bancaria y financiera de organismos estatales. En caso de incumplimiento, la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) podrá aplicar sanciones a las entidades que no entreguen los datos requeridos.

Además, las instituciones del Estado deberán reportar mensualmente los saldos de sus cuentas y mantenerlos disponibles para eventuales inspecciones. El proyecto también extiende la fiscalización a corporaciones y asociaciones municipales y regionales, que pasarán a estar bajo control administrativo. En casos graves, la Contraloría podrá solicitar la remoción de alcaldes o gobernadores ante el Tribunal Electoral Regional (TER) o el Tricel, por faltas a la probidad o abandono de deberes.

La ministra de la Segpres, Macarena Lobos, explicó que esta iniciativa busca “fortalecer las facultades de la Contraloría en términos de acceso a la información y responsabilidad administrativa”, en el marco de la Estrategia Nacional de Integridad Pública impulsada por el Ejecutivo.

El proyecto representa uno de los pasos más relevantes en los últimos años para robustecer la fiscalización del gasto público y la transparencia del Estado, en respuesta a una serie de casos que han evidenciado vacíos legales en los mecanismos de control.