El Ministerio de Hacienda instruyó a la Tesorería iniciar acciones de cobro contra deudores del CAE con mayores ingresos, en un contexto donde solo el 40% mantiene sus pagos al día.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, instruyó a la Tesorería General de la República iniciar acciones de cobro contra personas morosas del CAE que perciban ingresos superiores a $1,5 millones mensuales, marcando un endurecimiento en la estrategia del Estado frente a la deuda estudiantil.
Durante su participación en el seminario “La primera lectura de un nuevo ciclo”, la autoridad señaló que solo el 40% de los deudores está pagando actualmente, lo que evidencia un alto nivel de morosidad en el sistema.
En ese contexto, Quiroz advirtió que se avanzará con mayor rapidez en el uso de herramientas legales, indicando que se activarán juicios ejecutivos para exigir el pago de la deuda, lo que podría derivar en embargos en casos de incumplimiento.
¿a quién apunta la medida?
El foco de la instrucción está puesto en deudores con mayor capacidad de pago, específicamente aquellos que superan el umbral de $1,5 millones mensuales, lo que introduce un criterio selectivo en la reactivación de cobros.
Esta definición instala una diferenciación dentro del universo de morosos del CAE, priorizando a quienes, pese a registrar ingresos más altos, no han regularizado su situación.
presión fiscal y cambio de enfoque
La decisión se produce en un escenario de preocupación por el bajo nivel de cumplimiento en los pagos, lo que ha tensionado el funcionamiento del sistema y su sostenibilidad financiera.
El anuncio también refleja un cambio en el enfoque del Ejecutivo, que ahora opta por reforzar el cobro a segmentos específicos, reactivando mecanismos legales que podrían escalar en intensidad dependiendo de la respuesta de los deudores.
debate abierto
La medida abre interrogantes sobre su alcance y proyección: si se mantendrá como una acción focalizada en altos ingresos o si podría ampliarse a otros tramos de deudores en el futuro.
Asimismo, vuelve a instalar el debate sobre el modelo del CAE y las responsabilidades tanto del Estado como de los beneficiarios del crédito.
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