La Comisión de Seguridad Pública del Senado rechazó la norma impulsada por la Cámara de Diputados. Si la Sala ratifica la decisión, el proyecto deberá pasar a Comisión Mixta.
El Gobierno tomó distancia de una de las medidas más controvertidas del proyecto de Inteligencia Económica y rechazó que la Unidad de Análisis Financiero (UAF) pueda acceder directamente a información bancaria sin autorización judicial.
La postura fue fijada este martes por el subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, durante la sesión de la Comisión de Seguridad Pública del Senado que revisa el proyecto de ley que crea un Subsistema de Inteligencia Económica.
La iniciativa busca fortalecer la persecución de la ruta del dinero vinculada al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y otros delitos asociados al crimen organizado, mediante la interoperabilidad entre la UAF, el SII y el Servicio Nacional de Aduanas.
Sin embargo, uno de los puntos que más tensión ha generado desde el inicio de la tramitación legislativa es la posibilidad de levantar el secreto bancario por vía administrativa.
La Cámara de Diputados había incorporado una norma que permitía a la UAF requerir información bancaria de forma directa y sin autorización judicial en tres casos específicos: cuando se trate de personas jurídicas, funcionarios públicos y operaciones sospechosas reportadas por bancos relacionadas con delitos de competencia del organismo.
Pese a ello, el Ejecutivo manifestó su rechazo a esa facultad. Según señaló el subsecretario, el Gobierno respalda el resto de las modificaciones realizadas por la Cámara Revisora, pero no comparte que la UAF pueda levantar el secreto bancario sin pasar previamente por un tribunal.
Tras la intervención de Hacienda, la Comisión de Seguridad Pública del Senado votó la norma y la rechazó por tres votos.
Si la Sala confirma ese criterio, el proyecto deberá pasar a una Comisión Mixta para resolver las diferencias entre ambas cámaras.
Actualmente, la regla general establece que la UAF debe solicitar el levantamiento del secreto bancario ante un ministro de la Corte de Apelaciones, quien tendría un plazo de tres días para resolver.
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