Gobierno retira proyecto de Nueva Ley de Pesca: Apostará por reformar la norma actual

El Gobierno retira el actual proyecto de Ley de Pesca para evitar el retraso legislativo de una reforma total. La autoridad pesquera apostará ahora por cambios focalizados a la ley actual para asegurar una implementación más eficiente y con mayor respaldo técnico.

En un giro estratégico respecto a la política pesquera del país, la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca) oficializó este 26 de marzo el retiro del proyecto de ley correspondiente al boletín N°16500-21, el cual buscaba establecer una nueva Ley General de Pesca.

Según el documento emitido por la autoridad, la decisión no implica un abandono de la reforma, sino un cambio de metodología: se pasará de intentar aprobar un cuerpo legal completamente nuevo a realizar modificaciones focalizadas en la ley vigente.

Las claves de la decisión

Desde el Ejecutivo argumentan que este movimiento busca otorgar «certeza jurídica» y una respuesta normativa más rápida. Entre los puntos principales del comunicado destacan:

• Evitar la incertidumbre: El Gobierno reconoció que una reforma de carácter «refundacional» suele asociarse a retrasos legislativos y alta conflictividad sectorial.
• Reformas por separado: Se presentarán proyectos de ley independientes en áreas donde ya existe consenso técnico y político, como en materia de investigación pesquera.
• Fortalecimiento de la base actual: La Subpesca sostiene que el marco legal vigente ya cuenta con instrumentos de manejo e institucionalidad fundamentales, por lo que es más eficiente corregir sus deficiencias operativas que reemplazarlo del todo.
• Mayor diálogo técnico: Se contempla la apertura de nuevas instancias de participación con comités científicos, consejos zonales y el Consejo Nacional de Pesca para perfeccionar los puntos que hoy generan dudas.

¿Qué significa esto para el sector?

El retiro del proyecto, que había sido ingresado el 2 de enero de 2024, abre un nuevo espacio de análisis técnico y político. Para el Gobierno, esto permitirá generar una «adecuada calidad regulatoria» y evitar efectos no deseados en la implementación de las nuevas normas.

Con esta medida, se espera que la discusión legislativa se retome con plazos más acotados y un enfoque menos polarizante, priorizando los acuerdos alcanzados en los últimos dos años de discusión.