Director regional reconoce que no había personal en el sector “O” el día en que murieron cinco turistas y Fiscalía inicia investigación por posibles responsabilidades.
La tragedia ocurrida el domingo 16 de noviembre en el Parque Nacional Torres del Paine, donde cinco turistas perdieron la vida, sigue generando cuestionamientos sobre la gestión del recinto. El director regional de la Conaf en Magallanes, Mauricio Ruiz, confirmó que el sector “O”, uno de los más complejos del circuito, se encontraba sin guardaparques debido a que los funcionarios habían descendido para votar o justificar su ausencia en el proceso electoral.
Ruiz detalló que “efectivamente no contábamos con personal ese día allá”, refiriéndose al campamento Los Perros, punto donde los excursionistas iniciaron su trayecto hacia el Paso Garner. A pesar de remarcar que el parque “nunca cierra”, sostuvo que durante jornadas electorales deben facilitar que sus funcionarios cumplan con sus obligaciones cívicas. Agregó que los relevos dependen de las posibilidades reales de llegar a zonas aisladas y del apoyo de la concesionaria, pieza clave en estas áreas remotas.
La alcaldesa de Torres del Paine, Anahí Cárdenas, lamentó profundamente lo ocurrido, pero subrayó que el municipio no tiene injerencia en la administración del parque, apuntando a una falta estructural de recursos humanos y económicos en Conaf. Enfatizó que decisiones clave sobre seguridad y operatividad “no dependen del municipio” y que, incluso existiendo alertas climáticas, la responsabilidad recae en quienes administran el parque y en la concesionaria, que opera varios puntos del circuito.
La Fiscalía ya abrió una investigación para determinar responsabilidades, señalando que existen personas que deben explicar “lo que hicieron o dejaron de hacer” antes de permitir el paso de los turistas. De acuerdo con el Ministerio Público, la concesionaria también tendría responsabilidades en las muertes.
Cárdenas también cuestionó el modelo de concesiones administrado por Conaf, asegurando que la comunidad ni siquiera es considerada en estos procesos: “ni siquiera son sensibilizadas con la comunidad (…) las leyes están hechas en esta figura público-privada que impide tener injerencia o poder opinar”.
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