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IMSI Catcher: La herramienta de interceptación de llamadas aprobada en la Ley Antiterrorista

El Senado dio luz verde al informe de la Comisión Mixta sobre la Ley Antiterrorista, despachando el proyecto a la Cámara de Diputadas y Diputados. Uno de los aspectos más discutidos de esta legislación es la incorporación del sistema de rastreo conocido como IMSI Catcher, diseñado para intervenir metadatos y localizar dispositivos móviles en sectores geográficos específicos.

El IMSI Catcher, según el Proyecto Fade, es un dispositivo que actúa como una falsa antena celular, engañando a los dispositivos móviles para conectarse a él. Esta conexión permite al sistema obtener información sobre el IMSI (Identidad Internacional de Suscriptor Móvil), un código único asociado a cada tarjeta SIM, utilizado para identificar usuarios en una red.

La herramienta puede ser utilizada tanto de forma fija, instalada en edificios o oficinas, como móvil, desde vehículos. Su funcionalidad incluye la recopilación de códigos IMSI en áreas específicas o, incluso, la negación de servicio a ciertos teléfonos.

La implementación del IMSI Catcher ha dividido opiniones entre los legisladores. Mientras que algunos, como el senador Daniel Núñez, advirtieron sobre el carácter “intrusivo” de la tecnología y los riesgos de mal uso, otros como Iván Flores destacaron que su propósito no es intervenir conversaciones o aplicaciones como WhatsApp, sino únicamente localizar dispositivos.

De acuerdo con el Proyecto Fade, la herramienta suele emplearse de forma legítima en investigaciones judiciales, permitiendo a las autoridades mapear dispositivos dentro de un área de alcance y extraer información clave mediante radiofrecuencia.

La aprobación del IMSI Catcher en el marco de la Ley Antiterrorista plantea interrogantes sobre su impacto en la privacidad y el equilibrio entre seguridad y derechos ciudadanos. Aunque su uso estaría restringido a fines judiciales, los críticos alertan sobre posibles vulneraciones si no se regula adecuadamente su implementación.

La iniciativa seguirá su curso legislativo, mientras crece el debate sobre el alcance y la supervisión de este tipo de tecnologías en el país.