La Contraloría detectó múltiples irregularidades en la entrega de créditos de fomento de INDAP en la Región Metropolitana. Entre los hallazgos aparecen beneficiarios con cultivos de marihuana, personas que no cumplían requisitos económicos y créditos entregados sin acreditar tenencia legal de terrenos.
La Contraloría General de la República (CGR) detectó una serie de irregularidades en la Dirección Regional Metropolitana del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), luego de una auditoría al proceso de otorgamiento y recuperación de créditos de fomento ejecutados durante 2024.
El informe final N°80 de 2026 reveló que el organismo no aplicó controles suficientes para verificar si los beneficiarios cumplían realmente con las condiciones legales y socioeconómicas exigidas para acceder a estos recursos públicos.
Uno de los antecedentes más graves apunta a tres casos donde beneficiarios de créditos mantenían situaciones vinculadas a hechos ilícitos en los predios asociados al financiamiento. Según la auditoría, en dos casos se detectó existencia y cultivo de plantas de marihuana y, en otro, una situación relacionada con usurpación de aguas.
Pese a esos antecedentes, INDAP no habría realizado acciones de fiscalización ni reevaluación de dichos usuarios. Ante ello, la Contraloría instruyó reforzar la supervisión y revisar la continuidad de esos beneficios.
Beneficiarios con vehículos de lujo y altos patrimonios
La auditoría también concluyó que varias personas recibieron créditos pese a no cumplir los requisitos económicos establecidos para acceder a programas dirigidos a pequeños agricultores.
De acuerdo con el informe, 10 beneficiarios registraban vehículos motorizados valorizados en más de 3.500 UF (más de $128 millones aproximadamente), mientras que otras dos personas mantenían capitales propios tributarios sobre el límite permitido.
Además, se detectó que 16 beneficiarios, que recibieron en total $51.950.000, mantenían ingresos provenientes de actividades no agrícolas, como remuneraciones, honorarios o arriendos, pese a que la normativa exige que la principal fuente de ingresos corresponda a actividades agrícolas.
Créditos entregados sin acreditar propiedad o tenencia legal
Otro de los puntos cuestionados por la CGR involucra a 23 personas que recibieron créditos por más de $62 millones sin acreditar una forma legítima de tenencia de los predios declarados.
Según la auditoría, varios aparecían registrados simplemente como “ocupantes” u otras categorías sin definición clara, sin que existieran criterios objetivos para descartar posibles irregularidades o conflictos sobre el uso de esos terrenos.
Fallas en el Registro Social de Hogares
La Contraloría también detectó deficiencias en la revisión de antecedentes socioeconómicos de los beneficiarios.
El informe señala que ocho personas, que obtuvieron créditos por cerca de $51 millones, no cumplían con el requisito de pertenecer al 70% más vulnerable según el Registro Social de Hogares.
A ello se suman otras 95 personas que recibieron más de $503 millones pese a mantener una calificación superior al tramo permitido para acceder a estos apoyos estatales.
Supervisión mínima y falta de actualización de beneficiarios
La auditoría también cuestionó la baja fiscalización en terreno realizada por INDAP.
De un total de 566 créditos de corto plazo otorgados durante 2024, solo se efectuaron 36 supervisiones presenciales, equivalente al 6% del total, incumpliendo el mínimo del 10% establecido por la normativa interna del propio servicio.
Asimismo, la CGR detectó que 481 créditos fueron entregados a personas acreditadas como pequeños agricultores hace más de cinco años, sin que existieran procesos de actualización o reevaluación de sus condiciones actuales como usuarios del sistema.
Frente a los antecedentes detectados, la Contraloría instruyó a INDAP iniciar un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y revisar todos los casos observados.
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