Junji admite licencias médicas impagas y asegura acciones tras informe de Contraloría

Más de $20 mil millones en licencias rechazadas quedaron sin recuperar entre 2017 y 2024. La institución reconoce que $5.547 millones siguen pendientes y afirma haber activado medidas administrativas y judiciales.

La Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) respondió oficialmente al informe de la Contraloría General de la República, que detectó un grave desorden en la gestión de licencias médicas rechazadas, con un perjuicio fiscal que supera los $20 mil millones.

Según el órgano contralor, entre 2017 y 2024, un total de 1.045 funcionarios acumularon licencias médicas por Enfermedad o Accidente Común durante más de dos años de forma intermitente. Esta situación derivó en 60.958 licencias no recuperadas, equivalentes a $20.916 millones.

Ante estos antecedentes, Junji aseguró, a través de una declaración, que ya se han ejecutado las acciones correspondientes dentro del marco normativo vigente y que se dará respuesta a Contraloría en los plazos establecidos. La institución afirmó que el proceso se aborda con responsabilidad, premura y compromiso con la probidad y el uso de recursos públicos.

Respecto del monto observado, Junji precisó que del total señalado por Contraloría, lo efectivamente no recuperado corresponde a licencias rechazadas, lo que asciende a $5.547 millones. Además, indicó que durante 2024, y antes de la emisión del informe final, se gestionó el cobro del 95% de esos recursos, logrando recuperar más de $1.700 millones en subsidios por incapacidad laboral.

La institución agregó que existen licencias actualmente notificadas y en proceso de recuperación, las cuales fueron incorporadas a un plan de acción institucional. En paralelo, la Dirección Regional Metropolitana de Junji realizará las gestiones necesarias para el tratamiento contable de los montos adeudados por concepto de licencias médicas.

Finalmente, Junji señaló que, en el caso de licencias con antigüedad superior a cinco años y aquellas asociadas a exfuncionarios, ya se habían adoptado medidas previas a la emisión del informe, incluyendo la derivación a instancias judiciales cuando corresponde.