Este martes, el Juzgado de Garantía de Arica rechazó la resolución inhibitoria de competencias dictada por la ministra en visita extraordinaria de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jenny Book Reyes, quien había decidido que la justicia militar asumiera el caso de los conscriptos de Putre de manera exclusiva.
El juez Juan Araya afirmó que el caso involucra «hechos de delicada naturaleza, que exceden a los bienes jurídicos militares», destacando que se trata de cuestiones como la dignidad humana y el derecho a la vida y la libertad personal.
«Es razonable y sensato que sea la jurisdicción civil la que conozca un hecho de esta naturaleza», indicó el juez Araya. Además, argumentó que la Fiscalía cuenta con una unidad de atención a víctimas más robusta y capacitada para proteger sus garantías, en comparación con la jurisdicción militar.
El juez también señaló que desde la perspectiva de los imputados, sus garantías estarán mejor resguardadas en la jurisdicción civil, ya que la militar opera bajo un sistema inquisitivo y no cuenta con la misma independencia e imparcialidad que un tribunal civil.
Por tanto, el Juzgado de Garantía de Arica decidió rechazar la inhibición de competencias y seguirá conociendo el caso. Según lo establecido en el artículo 190 del Código Orgánico Tribunal, corresponderá a la Corte Suprema dirimir la contienda entre la jurisdicción civil y militar.
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