El presidente José Antonio Kast anunció que hará uso de su facultad constitucional para otorgar indultos y no descartó que puedan incluir personas condenadas por delitos de Derechos Humanos, generando alerta política y social en el país.
El presidente José Antonio Kast confirmó este martes 31 de marzo que aplicará indultos presidenciales y no descartó que puedan beneficiar a personas condenadas por Derechos Humanos. “Vamos a analizar cada caso de manera particular”, señaló, aclarando que el indulto no cuestiona sentencias judiciales, sino que es una facultad establecida en la Constitución.
El mandatario contextualizó su postura dentro de lo que considera “un momento crítico de los últimos años en nuestra nación, de una crisis social que se produjo y que generó consecuencias lamentables para los chilenos”. Además, anunció que se estudia modificar la institución del indulto para que sea otorgada por un órgano colegiado, más allá de la decisión presidencial individual.
Kast también se refirió al traslado de internos de Punta Peuco a recintos penitenciarios comunes y cuestionó decisiones de gobiernos anteriores, señalando que su postura marca una línea política distinta a la de presidentes como Bachelet, Lagos, Frei, Piñera y Boric.
Estas declaraciones generan un debate político y social sobre los límites del poder presidencial y la pertinencia de otorgar indultos a condenados por violaciones a los Derechos Humanos. Sectores de la oposición y organizaciones de la sociedad civil advierten que la medida podría afectar la justicia transicional y profundizar la impunidad histórica.
¿Debería el indulto aplicarse también a condenados por crímenes de Derechos Humanos, o su uso debe limitarse a delitos comunes?
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