La parlamentaria ofició antes de que se confirmara la salida de expedientes desde el órgano contralor, advirtiendo posibles vulneraciones a principios básicos del Estado.
La diputada Coca Ñanco ofició a la Contraloría General de la República para solicitar información sobre el estado de diversos procesos de compra de tierras indígenas en la Región de La Araucanía, tras detectar antecedentes que alertaban sobre un eventual retiro de expedientes desde el organismo fiscalizador.
El oficio fue ingresado el 23 de marzo, previo a que el nuevo director de la Conadi confirmara públicamente que dichas carpetas efectivamente fueron retiradas, lo que intensificó la preocupación expresada por la parlamentaria.
Los casos corresponden a procedimientos regulados por la Ley 19.253, específicamente en su artículo 20 letra b), e involucran a las comunidades We Lof Pantano (Lumaco), Juan de Dios Mosi (Cunco) y Colihuinca Mañiuco Bajo (Galvarino), cuyos procesos se arrastran desde los años 1999, 2009 y 2013.
En su requerimiento, la diputada solicitó certificar el estado de tramitación de los expedientes, establecer si los actos administrativos revisados se ajustaban a derecho y remitir cualquier solicitud formal de retiro junto con sus respectivos fundamentos jurídicos.
¿Qué motivó el retiro de expedientes?
El punto crítico se instala tras la confirmación del retiro de los procesos, lo que abre cuestionamientos sobre las razones detrás de esta decisión y su eventual impacto en trámites que llevan décadas en curso.
Según advirtió Ñanco, esta situación no solo interrumpe procedimientos de larga data, sino que también podría vulnerar principios fundamentales de la administración pública, como la celeridad, la eficacia y la certeza jurídica.
Impacto en la confianza de las comunidades
La parlamentaria sostuvo que el retiro de estos expedientes erosiona la confianza de las comunidades indígenas en la institucionalidad, considerando que se trata de procesos vinculados directamente a derechos territoriales.
Asimismo, enfatizó que, en caso de existir antecedentes reservados, estos deben ser debidamente justificados conforme a la Constitución, subrayando la necesidad de transparencia en decisiones de alto impacto social.
Un conflicto que reabre dudas estructurales
El caso vuelve a instalar tensiones en torno a la gestión de tierras indígenas en La Araucanía, particularmente respecto de la continuidad de procesos históricos y la certeza jurídica para las comunidades involucradas.
Mientras no se esclarezcan los fundamentos del retiro, queda abierta la interrogante sobre si la decisión se ajusta plenamente a derecho o si podría significar un retroceso en mecanismos institucionales clave para la restitución territorial.
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