Katy Winter y el Liceo Camilo Henríquez: dos historias, una misma falla

El lamentable caso de Katy Winter y los recientes episodios de violencia en el Liceo Camilo Henríquez revelan una misma falla estructural: cuando los colegios no activan sus protocolos, el daño ya está hecho. La falta de prevención, contención y responsabilidad institucional sigue dejando huellas profundas en estudiantes y familias de todo el país.

El caso de Katy Winter, estudiante del Colegio Nido de Águilas que en 2018 se quitó la vida tras sufrir acoso escolar, vuelve a poner en el centro un problema tan profundo como silenciado: la responsabilidad de las instituciones educativas en el bienestar emocional de sus estudiantes.

Aunque el 16° Juzgado Civil de Santiago determinó que el colegio sí tuvo responsabilidad por no haber activado las medidas necesarias para prevenir el desenlace fatal, la justicia declaró prescrita la acción indemnizatoria. La familia de Katy recurrió entonces a la Corte de Apelaciones, argumentando que solo tras la investigación de la Superintendencia de Educación, en 2019, lograron conocer las falencias reales del establecimiento: reuniones con la orientadora que no fueron informadas, correos eliminados días después del suicidio, y protocolos inexistentes frente al bullying.

Mientras este caso aún busca justicia en Santiago, a cientos de kilómetros, en Temuco, el Liceo Camilo Henríquez atraviesa su propia tormenta. No es un caso aislado, sino una serie de episodios que han detonado paros estudiantiles, protestas de apoderados y múltiples investigaciones. Uno de los hechos más graves fue el ataque con tijera entre alumnas dentro de una sala de clases: una menor resultó con heridas en la cabeza y rostro, debiendo ser hospitalizada. La agresora fue expulsada, y hoy enfrenta una investigación penal bajo la Ley de Responsabilidad Adolescente por parte de la Fiscalía de La Araucanía.

Este caso no solo evidencia el alto nivel de violencia que ha penetrado la vida escolar, sino que deja en evidencia la falla estructural de los protocolos internos. ¿Dónde estuvo la prevención? ¿Qué contención se ofreció previamente? ¿Quién registró los antecedentes? Son preguntas que se repiten, y que la comunidad educativa exige abordar.

En ambos colegios —uno privado de elite en la capital, otro emblemático en el sur del país— lo que une las historias no es solo la violencia, sino la inacción institucional. Las autoridades educativas tienden a actuar tarde, con respuestas formales, centradas en el control de daños, más que en la reparación del tejido emocional de sus estudiantes.

Estudiantes del Camilo Henríquez han demandado de forma abierta protocolos claros, equipos psicosociales activos, canales de denuncia confiables y acompañamiento real, no solo castigos o comunicados. Apoderados han exigido transparencia, fiscalización y sanciones administrativas ante lo que denuncian como una gestión centrada en el prestigio, no en las personas.

Y aquí el paralelo es ineludible: si en Santiago una familia debe esperar más de cinco años para que el sistema reconozca —aunque sea parcialmente— una negligencia, ¿qué esperanza hay para cientos de familias en regiones donde los recursos, la visibilidad y la presión mediática son mucho menores?

La historia de Katy, y la violencia en Temuco, nos dejan una advertencia compartida: los protocolos no sirven si no se activan, si no se registran, si no se comunican, si no se creen. Y cuando el silencio pesa más que el dolor, los colegios se transforman en escenarios de riesgo.

No basta con aplicar la Ley de Aula Segura después de los hechos. Lo urgente es construir escuelas capaces de prevenir antes que castigar, de acompañar antes que expulsar, de escuchar antes que lamentar.

Porque si hay algo que une Providencia con Temuco, es que cuando la educación falla en proteger, la justicia —si llega— ya llega tarde.