Un informe extraordinario del Consejo para la Transparencia detectó 900 órdenes de compra municipales bajo la causal de “emergencia, urgencia o imprevisto” en La Araucanía, ubicando a la región quinta a nivel nacional. Lumaco quedó tercero entre todos los municipios del país por número de operaciones, mientras Padre Las Casas encabezó el gasto regional con más de $2.822 millones.
Una fiscalización extraordinaria del Consejo para la Transparencia (CPLT) puso cifras al uso de una de las modalidades más excepcionales de contratación pública: el trato directo invocando situaciones de “emergencia, urgencia o imprevisto”. El análisis abarcó las compras efectuadas durante 2024 por las municipalidades del país y revela que La Araucanía concentró 900 órdenes de compra de este tipo, equivalentes al 10,3% del total nacional.
El dato sitúa a la región en el quinto lugar de Chile por cantidad de órdenes, solo detrás de Biobío, que registró 1.535; Maule, con 1.389; Metropolitana, con 1.127; y Valparaíso, con 1.111.
El escenario regional adquiere mayor dimensión al revisar municipio por municipio. De las 32 comunas de La Araucanía, 31 registraron compras mediante trato directo bajo la causal fiscalizada durante 2024. La única excepción fue Gorbea, que aparece expresamente dentro del grupo de municipios del país sin órdenes de compra de esta naturaleza.
Al sumar los montos individualizados en el Anexo 1 del informe, Novena Digital calculó que las municipalidades de La Araucanía comprometieron en conjunto $8.322.200.035 mediante estas contrataciones, cerca del 4% de los más de $210 mil millones registrados a nivel nacional.
Padre Las Casas lidera el gasto regional
La Municipalidad de Padre Las Casas encabeza ampliamente el listado de La Araucanía, con $2.822.288.812, equivalente al 1,34% de todo el gasto nacional analizado por el CPLT.
La comuna aparece además en el puesto 15 del ranking nacional, por encima de numerosas capitales provinciales y municipios de mayor población.
Le sigue Villarrica, con $1.803.202.101, ubicada en el lugar 24 del país. Entre ambas comunas suman más de $4.625 millones, es decir, más de la mitad del monto regional calculado a partir de los antecedentes del Consejo.
En tercer lugar aparece Temuco, con $687.591.429, seguido por Cholchol, con $614.189.283. La capital regional ocupa el puesto 50 en el ranking nacional de montos, mientras Cholchol aparece inmediatamente después entre los municipios de mayor gasto bajo esta modalidad.
Más atrás figuran Teodoro Schmidt, con $314.441.993; Vilcún, con $276.747.774; Loncoche, con $186.573.497; Freire, con $176.313.829; Carahue, con $157.309.526; y Pitrufquén, con $148.527.770.
Lumaco: tercero de Chile por cantidad de órdenes
Uno de los antecedentes más llamativos del informe está en Lumaco.
La municipalidad registró 157 órdenes de compra mediante trato directo por emergencia, urgencia o imprevisto, convirtiéndose en el tercer municipio de todo Chile con mayor número de operaciones de este tipo.
Solo fue superado por Constitución, con 341 órdenes, y Cauquenes, con 273. Lumaco incluso quedó por encima de Lebu y Puente Alto, ambos con 156.
Sin embargo, la gran cantidad de operaciones no se tradujo en un monto proporcionalmente alto. El gasto acumulado de Lumaco alcanzó $130.429.634, equivalente al 0,06% del total nacional.
El propio CPLT advierte esta diferencia entre cantidad de órdenes y dinero comprometido. Un municipio puede registrar numerosas contrataciones de bajo valor mientras otro realiza pocas operaciones por cifras considerablemente mayores.
Desde millones hasta poco más de un millón
La distribución regional muestra diferencias importantes.
Carahue registró $157.309.526; Pitrufquén, $148.527.770; Saavedra, $126.048.975; Collipulli, $113.959.734; y Lautaro, $108.727.305.
En otro tramo aparecen Lonquimay, con $96.691.327; Galvarino, con $89.413.804; Toltén, con $87.873.794; Traiguén, con $69.367.581; Curarrehue, con $68.029.495; y Angol, con $58.357.832.
Los montos disminuyen considerablemente hacia el final del listado. Ercilla contabilizó $29.518.398; Victoria, $29.364.361; Curacautín, $26.869.437; Cunco, $26.131.989; Melipeuco, $19.559.121; Perquenco, $18.392.563; y Los Sauces, $18.017.890.
Renaico registró $7.327.328; Purén, $6.785.410; Nueva Imperial, $2.898.043; y Pucón, $1.250.000.
¿Qué significa un trato directo por emergencia?
La contratación directa es un mecanismo excepcional contemplado por la Ley de Compras Públicas. Puede utilizarse cuando una situación de emergencia, urgencia o imprevisto exige satisfacer una necesidad pública de manera impostergable y recurrir a los procedimientos ordinarios podría provocar graves perjuicios a las personas o al funcionamiento del Estado.
La normativa establece además que la decisión debe ser respaldada mediante una resolución fundada de la autoridad y que debe justificarse por qué no resulta posible utilizar otro procedimiento de contratación.
Por eso, la aparición de una municipalidad en el informe no implica por sí sola la existencia de una irregularidad. La fiscalización del CPLT buscó precisamente caracterizar estas contrataciones y evaluar la disponibilidad de la documentación que permite conocer por qué fueron efectuadas.
En una muestra de 56 órdenes revisadas en profundidad, el organismo constató que en el 89% de los casos estaba disponible la resolución fundada que autorizaba el trato directo. Sin embargo, entre las explicaciones identificadas aparecieron licitaciones fallidas, retrasos en procesos de contratación y observaciones efectuadas por Contraloría, además de emergencias sanitarias, problemas de transporte escolar y otras situaciones.
Emergencias y Estado de Excepción en La Araucanía
El informe también entrega un contexto particular para interpretar las cifras regionales.
Durante 2024, La Araucanía fue declarada zona de emergencia a raíz de sistemas frontales. Al mismo tiempo, la región permanecía bajo Estado de Excepción Constitucional de Emergencia, al igual que Biobío.
Estos antecedentes pueden explicar parte de las compras efectuadas mediante procedimientos excepcionales, especialmente aquellas relacionadas con emergencias climáticas, infraestructura, transporte o continuidad de servicios básicos.
A nivel nacional, de hecho, el 66% de los más de $210 mil millones fiscalizados estuvo relacionado con limpieza industrial, aseo, mantención de espacios y áreas verdes, traslado y recolección de residuos domiciliarios e industriales.
El CPLT también detectó un fenómeno distinto: 85 órdenes de compra por $1.577 millones destinadas a producción y ejecución de eventos, incluyendo amplificación, iluminación, catering, alojamiento y honorarios de artistas para festivales, celebraciones y ceremonias.
No obstante, ningún municipio de La Araucanía aparece entre los diez organismos con mayor gasto en esa categoría específica, por lo que el informe no permite atribuir a las comunas de la región los casos de eventos y festividades que concentraron la atención del organismo fiscalizador.
La presidenta del Consejo para la Transparencia, Natalia González, sostuvo que las situaciones de emergencia requieren respuestas rápidas del Estado, pero advirtió que esa urgencia no puede convertirse en una “zona opaca”, especialmente cuando se utilizan cuantiosos recursos públicos mediante procedimientos en los que no existe la competencia propia de una licitación.
El informe abre así una segunda pregunta para La Araucanía: qué compraron concretamente los municipios a través de esas 900 órdenes, cuáles fueron las emergencias invocadas y qué proveedores concentraron los recursos.
Esas respuestas no están desagregadas completamente en el documento del CPLT y requieren revisar las órdenes de compra y resoluciones de cada municipalidad. Pero las cifras ya muestran que durante 2024 la contratación directa por emergencia estuvo lejos de ser marginal en la región: 31 municipios la utilizaron, se emitieron 900 órdenes y los montos superaron los $8.300 millones.
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