El Gobierno Regional instruyó un sumario administrativo tras detectar inconsistencias, rendiciones rechazadas y pérdida de documentación en recursos transferidos a 327 empresas durante 2022.
El Gobierno Regional de La Araucanía instruyó un sumario administrativo tras detectar serias irregularidades en la rendición de cerca de $9 mil millones transferidos en 2022 a la Corporación de Desarrollo Productivo de La Araucanía, recursos que fueron destinados a 327 empresas en el marco de programas de fortalecimiento productivo.
La medida fue ordenada por el gobernador regional, René Saffirio, luego de un análisis que evidenció un alto porcentaje de rendiciones rechazadas y discrepancias en los montos informados, lo que encendió las alertas sobre el uso y control de estos recursos públicos.
En la revisión documental, además, se detectaron carpetas fuera de sus cajas de custodia, información alterada y expedientes extraviados, lo que impidió verificar completamente los antecedentes de algunos proyectos financiados. Esta situación fue calificada como de particular gravedad, debido a posibles fallas en los procesos de control y supervisión.
Según lo señalado por la autoridad regional, estos antecedentes no solo comprometen la correcta ejecución del programa, sino que también podrían afectar la transparencia y la probidad administrativa, elementos clave en la gestión de recursos públicos.
Junto con el sumario, el Gobierno Regional adelantó el inicio de una auditoría interna y la evaluación de eventuales acciones judiciales, con el objetivo de determinar responsabilidades en la gestión, administración y ejecución de estos fondos.
Cabe precisar que los recursos fueron entregados durante la administración anterior del Gobierno Regional a la mencionada corporación, una entidad de derecho privado que opera con financiamiento público para ejecutar programas orientados al desarrollo productivo de la región.
El caso abre un nuevo flanco sobre el control de recursos públicos en La Araucanía y deja instalada la interrogante sobre el destino final de millones de pesos cuya trazabilidad hoy está en duda.
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