La duplicación del ajuste por inflación en las tarifas eléctricas se aplicó desde 2017, durante el tramo final del segundo gobierno de Michelle Bachelet, y se mantuvo sin corrección en las administraciones posteriores, de acuerdo con informes y resoluciones revisadas por la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Según los antecedentes técnicos publicados por la CNE, el error metodológico en el cálculo de las tarifas (que llevó a un sobrecobro estimado en más de $112 mil millones) se originó en la fórmula utilizada para valorizar las diferencias de facturación, mecanismo que compensa los saldos pendientes entre las generadoras eléctricas y los clientes regulados.
La falla consistió en aplicar dos veces el efecto del Índice de Precios al Consumidor (IPC): primero de manera directa y luego a través de una tasa de interés corriente que ya incluía ese componente inflacionario. Este procedimiento se mantuvo vigente durante varios años, afectando a millones de usuarios en todo el país.
Documentos clave y responsabilidad institucional
Los registros normativos permiten ubicar el inicio del problema en el proceso tarifario de 2017, asociado al llamado “Decreto Tarifario 5T”, vigente al cierre del segundo gobierno de Michelle Bachelet. Esa metodología fue posteriormente mantenida y actualizada bajo nuevas resoluciones, entre ellas la Resolución Exenta N°342 de 2021, firmada durante la administración de Sebastián Piñera, con Juan Carlos Jobet al frente del Ministerio de Energía.
De acuerdo con las declaraciones oficiales y los informes públicos, no existe hasta ahora un decreto o resolución que identifique de forma explícita la inserción del error, pero la CNE ha confirmado que la fórmula aplicada desde 2017 fue la que duplicó el efecto inflacionario.
Efectos y revisión posterior
El impacto del error se hizo más visible tras el descongelamiento tarifario de 2024, cuando comenzaron a reflejarse los saldos acumulados desde años anteriores. La CNE y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) informaron la detección del problema y dieron inicio a un proceso de corrección que implicará una rebaja promedio cercana al 2% en los próximos ajustes tarifarios.
El caso tuvo además repercusiones políticas: el entonces ministro de Energía Diego Pardow dejó su cargo tras confirmarse el error y ante las críticas de la oposición, que evaluaba una acusación constitucional por responsabilidades administrativas.


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