El Partido Social Cristiano (PSC) ha decidido presentar una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Carolina Tohá, debido a la crisis de seguridad que enfrenta el país. La presidenta del PSC, diputada Sara Concha, argumentó que la situación es insostenible, con 15 homicidios registrados la semana pasada, principalmente en la Región Metropolitana. Según Concha, «la agenda de seguridad no está funcionando y las reuniones de la ministra no están dando soluciones a la crisis.»
El diputado Jaime Araya (PPD) calificó la medida como «ridícula e inútil», sugiriendo que el tiempo debería emplearse en combatir el crimen organizado. Araya pidió a la alcaldesa Evelyn Matthei (UDI) que no apoyara la acusación, afirmando que la oposición debería centrarse en mejorar la inteligencia y detener el tráfico de drogas y migrantes.
Por otro lado, el senador Javier Macaya (UDI) no descartó respaldar el libelo, señalando que hay «responsabilidades políticas» en la crisis de seguridad. La UDI ha exigido la salida de Tohá y de los subsecretarios Manuel Monsalve y Eduardo Vergara, alegando que el equipo de seguridad es responsable del «fracaso de la estrategia implementada.»
El Presidente Gabriel Boric declaró que no pedirá renuncias por exigencia de la UDI, asegurando que el gobierno está trabajando para enfrentar la crisis. Boric afirmó que no se dejará presionar y que las medidas necesarias están en marcha.
El Congreso está acelerando el debate sobre las Reglas del Uso de la Fuerza (RUF) para el Ejército y las policías. El diputado Miguel Ángel Calisto (Demócratas) urgió a avanzar en este proyecto, permitiendo que las Fuerzas Armadas apoyen a Carabineros. El senador Pedro Araya (PPD) explicó que la Comisión de Defensa despachará la iniciativa en breve.
Mientras tanto, en el oficialismo, se han solicitado medidas adicionales de seguridad y la declaración de Estado de Sitio en la Región Metropolitana, aunque el diputado Gonzalo Winter (Frente Amplio) se mostró escéptico al respecto.
La crisis de seguridad en Chile ha generado una intensa discusión política, con propuestas de medidas drásticas como la acusación constitucional contra la ministra del Interior y la aceleración del debate sobre las Reglas del Uso de la Fuerza.


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