Presentan proyecto para castigar el «negacionismo» de violaciones de DD.HH

Se trata de una iniciativa presentada por diputados del Partido Comunista, como Carmen Hertz, Lorena Pizarro, Luis Cuello y María Candelaria Acevedo; además de los socialistas Emilia Nuyado y Jaime Naranjo; la PPD, Helia Molina; el humanista, Tomás Hirsch, y la independiente de la bancada del Frente Amplio, Mercedes Bulnes.

Diputados oficialistas presentaron este miércoles un proyecto de ley que tipifica y sanciona el negacionismo de violaciones a los Derechos Humanos, incluso con penas de prisión de hasta 61 días.

De acuerdo al proyecto, se busca tipificar la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes cometidos por la dictadura de Augusto Pinochet.

Para ello, este proyecto busca modificar el Libro Segundo del Código Penal, denominado “Crímenes y simples delitos y sus penas”, al Título Tercero “De los crímenes y simples delitos que afectan los derechos garantidos por la Constitución, un nuevo párrafo del siguiente tenor: “De la justificación, aprobación o negación de violaciones de derechos humanos”.

En ese nuevo párrafo, se incorpora el tipo de Negacionismo en un nuevo artículo 161 D, que tipifica la conducta respecto de quien apruebe, justifique o niegue los crímenes consignados en los informes de las cuatro comisiones estatales que registraron las violaciones a los DDHH en la dictadura, se indica.

Estas últimas son la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura.

“Para que se configure la responsabilidad penal que el tipo propone en el proyecto, es necesario que se produzca un determinado resultado fáctico, consistente en una perturbación del orden público, un impedimento del legítimo ejercicio de un derecho por parte de un tercero”, indica.

Para ello, se propone un castigo con la pena de prisión en su grado medio a máximo, es decir, de 41 hasta 60 días, y una multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales, entre 1 millón 200 mil pesos y 2 millones 500 mil pesos a la fecha actual.

Pero además, se pide agravar la pena en el caso de que el infractor sea un funcionario público en ejercicio.

“En el caso de que la conducta tipificada sea desplegada por un funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo, el proyecto contempla una agravación de la pena, circunstancia que se fundamenta en la infracción al principio de igualdad y al deber de objetividad que les es imperativo”, indica.