Profesores de Temuco acusan que detectores de metales vulneran la privacidad de los estudiantes

La implementación de pórticos detectores de metales en establecimientos educacionales de Temuco ha generado un intenso debate entre autoridades, docentes, estudiantes y apoderados. Mientras algunos sectores valoran la medida como una herramienta para mejorar la seguridad escolar, otros la critican por considerar que vulnera los derechos y la privacidad de los estudiantes.

Contexto y antecedentes

El plan «Temuco Educa y Protege», impulsado por la Municipalidad de Temuco, contempla la instalación de pórticos detectores de metales en liceos municipales, comenzando con un proyecto piloto en el Instituto Superior de Comercio Tiburcio Saavedra Alarcón (Insuco). Esta iniciativa fue aprobada por más del 80% de la comunidad educativa del Insuco en una consulta realizada en julio de 2024.

El alcalde Roberto Neira ha defendido la medida, argumentando que busca prevenir hechos de violencia escolar y garantizar entornos seguros para el aprendizaje. Sin embargo, la Superintendencia de Educación sancionó al municipio con una multa de 56 UTM (aproximadamente $3.840.000) por instalar el pórtico sin la autorización correspondiente, señalando que la medida podría vulnerar la dignidad y los derechos de los estudiantes.

Posturas encontradas

El Colegio de Profesores de Temuco ha manifestado su rechazo a la instalación de estos dispositivos, argumentando que «vulneran la privacidad de los estudiantes». Por otro lado, apoderados y estudiantes del Insuco han expresado su apoyo a la medida, destacando que ha mejorado la percepción de seguridad y convivencia escolar.

A pesar de la sanción, la Municipalidad de Temuco anunció la instalación de un segundo pórtico en otro liceo de la comuna, reafirmando su compromiso con el plan de seguridad escolar.

Perspectivas futuras

La discusión en torno a la instalación de detectores de metales en colegios de Temuco refleja la tensión entre la necesidad de garantizar la seguridad en los entornos escolares y la protección de los derechos y libertades de los estudiantes. Mientras el municipio avanza en la implementación del plan, se espera que las autoridades educativas y las comunidades escolares continúen dialogando para encontrar soluciones que equilibren ambos aspectos.