Nuevo barómetro de la SNA revela que 9 de cada 10 agricultores no cree que denunciar sirva de algo, mientras los robos se consolidan como un costo permanente del negocio.
El robo en zonas rurales ya no es un hecho aislado ni esporádico. Según el 2° Barómetro de Robo Agrícola de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), las pérdidas anuales del sector alcanzan los US$530 millones, un 39% más que en la primera medición. La cifra instala una señal preocupante: la delincuencia dejó de ser un problema coyuntural para convertirse en parte estructural de la actividad agrícola.
El estudio, basado en 655 respuestas, indica que el 77,4% de los agricultores fue víctima de robo en los últimos 12 meses y que un 43% sufrió tres o más episodios en el año. Aunque la violencia física aparece en el 9,7% de los casos, el fenómeno muestra una frecuencia que impacta directamente la operación diaria de los predios. Los principales blancos son insumos agrícolas e instalaciones eléctricas, es decir, elementos críticos para producir, lo que amplifica el daño más allá de la simple reposición.
Pero el dato más alarmante es el deterioro de la confianza institucional: el 90,6% considera que denunciar no tendrá efectos positivos, 23 puntos más que en la medición anterior. En paralelo, los agricultores han debido incorporar alarmas, cámaras, rejas y guardias privados como parte de sus costos habituales, en un contexto de rentabilidad ajustada y alta presión productiva.
Desde la SNA advierten que el sector —que emplea a cerca de un millón de personas y genera exportaciones por US$13.500 millones— enfrenta un escenario que califican como crítico. El gremio insiste en la necesidad de fortalecer la seguridad rural y discutir cambios legislativos que eleven las penas por robos en zonas no habitadas, advirtiendo que, de no mediar acciones concretas, el impacto económico y social podría seguir escalando.


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