El pasado miércoles 22 de enero, el Senado despachó a ley el proyecto que busca reparar la denominada deuda histórica con los docentes, marcando un hito esperado por décadas. La medida contempla un pago único de $4,5 millones para cada profesor afectado, beneficiando a más de 57 mil personas en un plazo de seis años.
¿Cómo funcionará el pago?
De acuerdo con lo informado por el Ejecutivo, el pago de los $4,5 millones será reajustable anualmente y priorizará a los docentes de mayor edad, avanzando progresivamente hacia los grupos más jóvenes. Cada beneficiario recibirá el monto en dos cuotas iguales: la primera se entregará en octubre del año correspondiente, y la segunda en enero del siguiente año.
Además, para quienes fallezcan durante el período de pagos, la ley incorpora un mecanismo de transmisibilidad, lo que permitirá que los montos sean heredados por sus titulares legales en este caso específico.
¿Quiénes están incluidos?
El Ministerio de Educación ha elaborado un ‘Registro de docentes traspasados’, en el que se listan las personas afectadas por el traspaso de las escuelas públicas a las municipalidades durante la dictadura, cuando miles de profesores perdieron el reajuste salarial establecido en el Artículo 40 del Decreto Ley N° 3.551.
Próximamente, el Gobierno abrirá un nuevo proceso de inscripción para aquellos docentes que no figuren en el registro actual. Sin embargo, la ley excluye a quienes ya hayan recibido pagos por la deuda histórica a través de fallos judiciales, acuerdos internacionales o mecanismos similares.
El origen de la deuda histórica
La deuda histórica surgió durante la dictadura militar cuando, en 1981, la administración de las escuelas públicas fue transferida del Estado a los municipios. Este cambio provocó que muchos profesores quedaran fuera del reajuste salarial establecido, generando una injusticia que ha sido reclamada por décadas.
Con la firma del presidente Gabriel el pasado 2 de diciembre de 2024 y el reciente respaldo parlamentario, esta ley representa un avance significativo hacia el reconocimiento de los derechos de los docentes afectados. El pago busca reparar, al menos en parte, el impacto que esta situación tuvo en miles de familias a lo largo de los años.
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