Esta solicitud surge tras las declaraciones del subsecretario de Interior, Luis Cordero, quien informó que cerca de 200 empadronados cuentan con antecedentes penales, pero evitó detallar los delitos específicos, aduciendo razones de seguridad.
Para la parlamentaria de la región de La Araucanía, esta falta de claridad genera incertidumbre respecto a la seriedad del proceso de regularización y sus implicancias para la seguridad del país.
“Es fundamental que el Gobierno transparente la información: ¿Qué tipo de delitos han cometido estas personas? ¿Qué tan graves son? ¿Qué ocurrió en los procedimientos judiciales posteriores? Y, sobre todo, ¿cuál será la postura frente a quienes, aun estando empadronados, han infringido la ley?”, planteó Aravena.
La senadora expresó su preocupación de que el empadronamiento pueda convertirse en un mecanismo que facilite la permanencia o incluso la nacionalización de personas con antecedentes delictivos.
“No vamos a darle nacionalidad a delincuentes. Esa es la pregunta que debemos hacer al Gobierno. A menos que se trate de delitos menores, este proceso debería implicar la expulsión de quienes han violado nuestras leyes”, enfatizó.
Aravena subrayó que esta información es clave para mantener la confianza en las políticas migratorias y proteger el bienestar de los ciudadanos.
“La transparencia no solo es un principio básico de la gestión pública, sino una herramienta esencial para garantizar que las decisiones en esta materia se tomen con responsabilidad y pleno conocimiento de los riesgos”, agregó.
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