Subsidio al gas cambia de formato y apunta al 80% más vulnerable: pagos arrancan en junio

El Gobierno redefine su estrategia y deja atrás la entrega de cilindros para implementar transferencias directas en dinero, en medio del aumento del gasto en calefacción.

En la antesala del invierno, el Ejecutivo confirmó la implementación de un nuevo subsidio al gas licuado, orientado a aliviar el gasto energético de los hogares. La medida, que inicialmente contemplaba la distribución de cilindros, fue reformulada y ahora consistirá en un aporte económico directo para la compra del combustible.

El programa contempla un financiamiento total de 225 millones de dólares, con foco en el 80% más vulnerable de la población, según la clasificación del Registro Social de Hogares (RSH).

¿Quiénes serán beneficiados?
El acceso al subsidio no requerirá postulación tradicional, pero sí dependerá de cumplir con condiciones clave dentro del sistema estatal. Entre ellas, estar inscrito en el RSH, mantener actualizada la información del grupo familiar y encontrarse dentro de los tramos de mayor vulnerabilidad socioeconómica.

El RSH, utilizado por el Estado para focalizar beneficios, evalúa factores como ingresos, composición del hogar y condiciones de vida, lo que definirá automáticamente a los potenciales beneficiarios.

Cambio de diseño y ejecución directa
Desde el Gobierno se detalló que la entrega del subsidio se realizará mediante transferencias directas, descartando la intermediación de los municipios en el proceso.

El mecanismo incluirá alternativas como una tarjeta electrónica de BancoEstado o la asignación de vouchers digitales, que podrán ser utilizados directamente en distribuidoras de gas. Posteriormente, el Estado compensará a las empresas proveedoras por el monto utilizado.

Este rediseño marca un giro respecto a la propuesta inicial, apostando por mayor flexibilidad en el uso del beneficio por parte de las familias.

Inicio en pleno invierno
El subsidio comenzará a pagarse en junio, coincidiendo con el periodo de mayor demanda por calefacción en el país, donde el gasto en gas suele incrementarse de forma significativa.

Con este ajuste, el Ejecutivo busca responder a una de las principales presiones económicas del invierno, aunque el cambio de modalidad también abre interrogantes sobre su implementación efectiva y alcance real en los sectores más afectados.