Familia demanda al estado de Chile por falta de servicio, tras serie de ataques, incluida la quema de su casa en Púa

Familia Schifferli acusa abandono estatal y exige reparación tras años de ataques en su predio de Púa. La Corte de Apelaciones de Temuco ordenó reabrir el caso, alegando falta de servicio por parte de fiscalía y Carabineros, luego de que la vivienda familiar fuera incendiada pese a más de 30 denuncias previas.

Una familia de mujeres propietarias de un predio agrícola en la localidad de Púa, comuna de Victoria, presentó una demanda civil contra el Estado de Chile por falta de servicio, tras denunciar más de 30 hechos delictuales entre 2018 y 2021, incluyendo la quema total de su vivienda. Las afectadas, identificadas en la causa judicial como la familia Schifferli, acusan abandono por parte de Carabineros y del Ministerio Público, instituciones que —según su defensa— no adoptaron medidas oportunas de protección pese a las reiteradas denuncias.

El abogado David Pincheira Marchant, representante legal de la familia, explicó que durante tres años sus representadas se comunicaron en reiteradas ocasiones con Carabineros, mediante llamados al 133, para reportar robos, hurtos, tala ilegal de madera, usurpaciones violentas y, finalmente, el incendio de su casa. A pesar de ello, sostienen que no se implementaron medidas eficaces para prevenir o detener los ataques.

“El Ministerio Público incurrió en una notoria falta de servicio, al no cumplir con sus obligaciones legales ni disponer vigilancia constante del predio. Solo se ordenaron rondas dinámicas, pese a los antecedentes de usurpaciones violentas”, señaló Pincheira. Añadió que la Fiscalía, pese a conocer los hechos, nunca exigió responsabilidades a Carabineros por el presunto incumplimiento de sus instrucciones.

En primera instancia, el caso fue revisado por el Tercer Juzgado Civil de Temuco, que dictó sentencia. Sin embargo, la Corte de Apelaciones de Temuco invalidó de oficio dicho fallo, instruyendo al tribunal a emitir un nuevo pronunciamiento. Esta decisión ha sido interpretada por la familia como una señal de avance en el proceso judicial.

Entre los antecedentes presentados en el expediente, se incluyen comunicaciones internas de Carabineros que dan cuenta de dificultades logísticas, como la falta de vehículos operativos, para acudir a los llamados de emergencia. Según la defensa, estos registros confirman el incumplimiento de deberes por parte del Estado.

“La propia institución reconoció en correos que estaban realizando gestiones para recuperar vehículos policiales con fallas mecánicas, lo que deja en evidencia que no estaban en condiciones de cumplir con los servicios dispuestos por la fiscalía”, agregó Pincheira.

La familia ahora espera una nueva resolución por parte del tribunal civil de Temuco, y no descarta acudir a instancias superiores. El proceso judicial lleva más de dos años de tramitación.