Escándalo en Padre Las Casas: Control Municipal acusó adulteración de certificados en contrato de estufas a pellet

El informe acusa a la empresa adjudicada, «Eventos y Comercialización Anita SPA«, de presentar certificados adulterados de Inacap para acreditar su idoneidad, además, se denunció la fragmentación de la compra por casi $5.7 millones para eludir un proceso de licitación pública. El Control Municipal solicitó al alcalde iniciar una investigación administrativa y evaluar acciones judiciales por un posible delito

La Dirección de Control de la Municipalidad de Padre Las Casas formalizó el 24 de julio de 2024 el informe ORD: N° 7/2024, dirigido al Alcalde Mario González Rebolledo, donde detalla el hallazgo de graves irregularidades en la contratación y ejecución del servicio de Mantención y Reparación de Estufas a Pellet para los Establecimientos Educacionales y Jardines VTF dependientes del Departamento de Educación municipal.

El informe, originado tras un requerimiento de la Unidad de Pago a Proveedores del Departamento de Educación, identificó como hallazgo crítico la adulteración de acreditación. La empresa adjudicada, Eventos y Comercialización Anita SPA, debía cumplir con la exigencia de presentar un certificado de autorización para el mantenimiento e instalación de estufas marca Cadel.

Según el documento, un funcionario de Inacap (la entidad que supuestamente emitió los certificados) confirmó el 6 de junio de 2024 que dos de los tres certificados consultados eran adulterados, ya que la institución no ofrece cursos específicos para dichas estufas. El informe señala que la adulteración de certificados contraviene el principio de probidad administrativa y constituye una potencial infracción a la fe pública.

Adicionalmente, la Dirección de Control detectó una presunta fragmentación de compra, una práctica prohibida por la Ley de Compras Públicas. El Departamento de Educación realizó al menos tres adquisiciones por el mismo servicio y con el mismo proveedor, cada una por un monto de $1.893.290, sumando un total de $5.679.870. El informe indica que esto se habría realizado para evitar el proceso de licitación pública y ajustarse a la modalidad de Compra Ágil (montos iguales o inferiores a 30 UTM), constituyendo una infracción al artículo 7° de la Ley de Compras Públicas.

El informe también constata que la oferta de la empresa no resultó ser la más conveniente en términos de precio en los procesos de cotización. Finalmente, el Director de Control, Hugo Cortes Kehr, concluyó que las irregularidades detectadas ponen en entredicho la calidad del servicio, exponiendo a riesgos a las comunidades educativas. Se recomendó al Alcalde investigar las responsabilidades administrativas y enviar los antecedentes a la Dirección de Asesoría Jurídica para evaluar la interposición de acciones legales.