El documento publicado en la página web del actual Presidente Electo aborda los derechos humanos desde una perspectiva general, sin referencias específicas a las víctimas de la dictadura ni compromisos de continuidad o fortalecimiento de las políticas de reparación vigentes.
En una nueva revisión del programa presidencial de José Antonio Kast se presenta un enfoque general sobre derechos humanos, centrado en el Estado de Derecho, la igualdad ante la ley y el orden público, pero no incorpora propuestas específicas relacionadas con las violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura militar encabezada por Augusto Pinochet.
En la revisión del documento, no se identifica un capítulo dedicado al período 1973–1990, ni referencias directas a las personas que fueron víctimas de prisión política, tortura, ejecución o desaparición forzada, ni a sus familiares. Tampoco se incluyen compromisos orientados a ampliar, actualizar o fortalecer las actuales políticas de reparación impulsadas por el Estado chileno en las últimas décadas.
El programa tampoco plantea nuevas medidas de reparación económica, social o simbólica, ni menciona mecanismos vinculados a memoria, educación en derechos humanos o garantías de no repetición. Las referencias al pasado reciente se abordan de manera indirecta, bajo la idea de evitar el uso político de la historia y de resolver estos temas dentro del marco judicial existente.
En ese contexto, el documento no explicita el reconocimiento del carácter sistemático de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura, ni establece lineamientos sobre el rol que tendría el Estado en la continuidad de los procesos de reparación actualmente vigentes.
El tratamiento del tema se enmarca, principalmente, en una visión institucional de los derechos humanos asociada al respeto a la ley y al orden público, sin desarrollar políticas específicas dirigidas a las víctimas del régimen militar.
La ausencia de definiciones concretas en esta materia ha generado inquietud en sectores que siguen vinculados a los procesos de verdad, justicia y reparación, especialmente considerando que el programa no entrega certezas sobre el futuro de las políticas públicas orientadas a las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
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