Un informe de Contraloría reveló este lunes que 910 funcionarios con responsabilidad sobre recursos del Estado realizaron millonarias transacciones en casinos. 181 concentran casi todo el monto y los antecedentes fueron derivados al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
La Contraloría General de la República (CGR) detectó que 910 funcionarios públicos y municipales encargados de administrar o custodiar fondos públicos realizaron transacciones en casinos de juego por más de $11.490 millones, pese a tener prohibición legal de apostar, entre enero de 2024 y junio de 2025.
El dato más crítico del informe es la concentración del dinero: 181 personas acumulan el 96,8% del total, es decir, más de $11.118 millones, con casos individuales que superan los $1.000 millones, montos que, según el organismo, no se condicen con sus remuneraciones.
❓ ¿Cómo operó el sistema sin detectar estas irregularidades?
La información se obtuvo mediante el cruce entre el registro de funcionarios que manejan fondos públicos y los datos de clientes de casinos entregados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), lo que expone posibles debilidades en los controles.
En el plano social, el caso vuelve a instalar el debate sobre la probidad en el sector público, especialmente en cargos que implican responsabilidad directa sobre recursos fiscales.
Desde la perspectiva institucional, la normativa es clara: el artículo 10 letra b) de la Ley N° 19.995 prohíbe expresamente que estos funcionarios realicen cualquier tipo de apuesta en casinos. Aun así, el informe evidencia un incumplimiento extendido.
Además, la Contraloría advirtió eventuales deficiencias en la información entregada por operadores de casinos, lo que podría haber dificultado la detección oportuna de estas transacciones.
El informe también identifica que los mayores montos transados corresponden a funcionarios de organismos como Carabineros de Chile, Fuerza Aérea de Chile, Tesorería General de la República, PDI y diversas municipalidades, incluyendo cargos directivos, fiscalizadores, profesionales y operativos. Solo los 20 casos más altos superan los $5.392 millones.
⚖️ En cuanto a las acciones, la CGR anunció que:
- Remitirá los antecedentes a la SCJ para iniciar procedimientos sancionatorios.
- Enviará la información a servicios públicos y municipios para que instruyan sumarios administrativos.
- Derivará los casos más relevantes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
👉 Cuando quienes administran recursos del Estado incumplen la ley, la discusión deja de ser técnica y pasa a ser de confianza pública.
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