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Megareforma en La Araucanía: el alivio para algunos y el riesgo que preocupa a los municipios

La reducción de impuestos para grandes empresas, los incentivos a la construcción y la exención de contribuciones para adultos mayores podrían tener efectos en la economía regional. Sin embargo, el beneficio no será automático y uno de los principales puntos de atención será la compensación que reciban los municipios por una eventual disminución de sus ingresos.

La aprobación de la denominada megarreforma económica en el Senado abre un nuevo escenario para La Araucanía, una región que podría beneficiarse de los incentivos a la inversión, la construcción y la contratación formal, pero que también presenta condiciones particulares que obligan a mirar con cautela algunas de sus disposiciones.

La iniciativa impulsada por el Gobierno del Presidente José Antonio Kast contempla, entre otras medidas, la reducción gradual del impuesto que pagan las grandes empresas desde el actual 27% hasta un 23%, la eliminación transitoria del IVA para la venta de viviendas nuevas, estabilidad tributaria para inversiones superiores a US$50 millones y una exención de contribuciones para la primera vivienda de personas mayores de 65 años.

El proyecto fue despachado por el Senado, pero todavía no es ley. Debido a las modificaciones introducidas durante su segundo trámite constitucional, deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados.

¿Podrían llegar nuevas inversiones a la región?

Uno de los objetivos de la reforma es entregar mejores condiciones tributarias para que las empresas desarrollen nuevos proyectos.

En La Araucanía, esto podría favorecer inversiones de gran escala relacionadas con la agroindustria, generación de energía, infraestructura, construcción, procesamiento de alimentos, turismo, actividad forestal y logística.

El nuevo régimen permitiría que proyectos superiores a US$50 millones mantengan determinadas condiciones tributarias durante periodos que podrían extenderse por 10, 15 o 20 años, dependiendo del monto comprometido.

La medida busca entregar certeza a las empresas antes de invertir. Sin embargo, no garantiza que esos capitales lleguen a la región.

Las compañías también evalúan la conectividad, el acceso a servicios básicos, la disponibilidad de trabajadores, los costos de transporte, la seguridad y los tiempos necesarios para obtener permisos antes de escoger el territorio donde instalarán sus proyectos.

Por esa razón, la aprobación de la megarreforma no significa que comenzarán inmediatamente nuevas obras ni que se crearán empleos de manera automática en La Araucanía.

La rebaja principal no está dirigida a todas las pymes

La reducción gradual del impuesto corporativo desde un 27% hasta un 23% beneficiará directamente a las empresas que tributan bajo el régimen general.

Esto significa que no todas las pequeñas empresas, almacenes, restaurantes, emprendimientos familiares o prestadores de servicios de la región recibirán la misma rebaja, ya que muchas pymes están acogidas a sistemas tributarios especiales.

Para ellas, el posible efecto sería principalmente indirecto.

Una pequeña empresa regional podría beneficiarse si una nueva inversión contrata sus servicios, compra productos locales, requiere transporte, alimentación, alojamiento, mantenimiento o mano de obra.

También podría acceder a incentivos relacionados con la contratación formal y la capacitación de trabajadores.

Sin embargo, estos efectos dependerán de que los proyectos efectivamente se desarrollen en la región y no se limiten a otras zonas del país.

Una región que necesita generar empleo

La discusión adquiere especial importancia debido a la situación laboral regional.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación en La Araucanía llegó a un 8,7% durante el trimestre marzo-mayo de 2026.

La reforma contempla incentivos tributarios asociados a la contratación formal y mecanismos para descontar gastos de capacitación laboral.

Estos beneficios serán recibidos por los empleadores y no corresponden a bonos entregados directamente a las personas desempleadas.

El eventual impacto laboral dependerá, por tanto, de que las empresas decidan ampliar sus operaciones, contratar trabajadores y mantener empleos formales.

Tampoco existe una obligación general para que los nuevos proyectos contraten exclusivamente a personas de La Araucanía. Esa materia dependerá de las necesidades de cada inversión y de la disponibilidad de trabajadores capacitados dentro de la región.

Viviendas nuevas podrían quedar temporalmente sin IVA

Otro de los puntos aprobados contempla eliminar durante 12 meses el IVA aplicado a la venta de determinadas viviendas nuevas.

La medida busca reducir el stock de propiedades sin vender y reactivar un sector de la construcción que ha registrado una disminución de actividad y pérdida de empleos en el país. El proyecto del Gobierno incluye esta medida dentro de sus cinco ejes principales de reactivación económica.

En La Araucanía, el beneficio podría tener mayor presencia en comunas donde existe una oferta significativa de casas y departamentos nuevos, como Temuco, Padre Las Casas, Villarrica y Pucón.

La exención podría ayudar a vender proyectos terminados y entregar liquidez a las empresas inmobiliarias para iniciar nuevas construcciones.

No obstante, la eliminación del impuesto no significa que todas las familias podrán comprar una vivienda.

Los compradores continuarán necesitando ahorro para el pie, ingresos suficientes y la aprobación de un crédito hipotecario. Tampoco se puede asegurar que toda la rebaja tributaria sea traspasada al precio final, ya que eso dependerá de cada inmobiliaria y de las condiciones del mercado.

Adultos mayores podrían dejar de pagar contribuciones

La reforma también contempla eximir del pago de contribuciones a la primera vivienda de personas mayores de 65 años que cumplan los requisitos que establezca el texto definitivo.

La medida podría representar un alivio para adultos mayores propietarios de viviendas afectas al impuesto territorial, especialmente en zonas donde los avalúos fiscales han aumentado.

Sin embargo, no corresponde a un beneficio para todas las personas mayores.

Quienes arriendan una vivienda no pagan directamente este impuesto y muchas propiedades rurales o de menor avalúo ya se encuentran exentas. Por eso, el efecto se concentraría en adultos mayores que actualmente pagan contribuciones por su residencia principal.

La principal preocupación está en los municipios

La exención para adultos mayores genera una interrogante especialmente relevante para La Araucanía: la forma en que será compensada la menor recaudación proveniente del impuesto territorial.

Parte de las contribuciones financia el Fondo Común Municipal, sistema que redistribuye recursos entre las comunas del país y resulta fundamental para municipalidades con una baja capacidad para obtener ingresos propios.

Según antecedentes del Sistema Nacional de Información Municipal, La Araucanía presenta una dependencia de 76,73% del Fondo Común Municipal respecto de sus ingresos propios, ubicándose entre las regiones con mayor dependencia de estos recursos.

En comunas como Nueva Imperial, por ejemplo, los ingresos provenientes del fondo superaron los $10 mil millones durante 2025, mientras que sus ingresos propios permanentes alcanzaron aproximadamente $1.812 millones. En Pitrufquén, los aportes del fondo superaron los $8.200 millones, frente a cerca de $1.791 millones en ingresos propios permanentes.

Estas cifras muestran que numerosas municipalidades regionales dependen de la redistribución nacional para financiar parte importante de su funcionamiento.

El Senado aprobó mecanismos destinados a compensar al Fondo Común Municipal, pero el efecto final deberá evaluarse una vez que se conozca el texto definitivo y la cantidad real de propiedades que accederán a la exención.

Si la compensación cubre completamente la menor recaudación, los presupuestos comunales no deberían verse afectados por esta medida.

En cambio, si los recursos resultan insuficientes, podría reducirse el margen financiero disponible para servicios como retiro de basura, alumbrado público, mantención de calles, ayudas sociales, áreas verdes, seguridad municipal y programas comunitarios.

Esto no significa que esos servicios vayan a ser recortados automáticamente. Se trata de un riesgo que dependerá del mecanismo final de compensación y de los presupuestos de cada municipalidad.

La Araucanía no recibirá directamente el fondo de reconstrucción

Pese a que la iniciativa es presentada como una ley para la reconstrucción nacional, los $400 mil millones adicionales contemplados para el Fondo de Emergencia Transitorio están destinados a las zonas afectadas por incendios en Ñuble, Biobío y Valparaíso.

Por ahora, La Araucanía no aparece incluida directamente entre las regiones beneficiadas por ese aumento extraordinario de recursos.

El impacto regional provendría, por lo tanto, de las medidas relacionadas con inversión, impuestos, empleo, viviendas, permisos y contribuciones, y no del componente principal destinado a la reconstrucción.

¿La reforma perjudicará directamente a las familias?

La megarreforma no establece un descuento directo sobre los sueldos, las pensiones o las cuentas bancarias de los habitantes de La Araucanía.

Tampoco crea un nuevo impuesto general para las familias.

Sus posibles efectos negativos son indirectos.

El principal riesgo regional sería que los municipios reciban una compensación insuficiente por la exención de contribuciones. También existe incertidumbre sobre si las rebajas tributarias realmente se convertirán en inversiones, empleos y actividad económica dentro de la región.

Las medidas pueden beneficiar a adultos mayores que actualmente pagan contribuciones, compradores de viviendas nuevas, empresas que contraten trabajadores y proyectos de inversión que busquen instalarse en La Araucanía.

Sin embargo, ninguno de esos resultados está asegurado únicamente por la aprobación del proyecto.

El impacto real dependerá de la versión definitiva de la ley, de la respuesta de las empresas y de la capacidad del Estado para compensar adecuadamente a los municipios que dependen del Fondo Común Municipal.