Agricultores cuestionan la prevención eléctrica tras extensos cortes rurales: “Los mismos problemas se repiten cada año”

Agricultores Unidos advirtió que familias de sectores rurales de La Araucanía permanecieron más de diez días sin suministro eléctrico tras el último temporal. El gremio pidió fiscalizar las podas y la mantención de las redes, además de establecer prioridad de reposición para sistemas de Agua Potable Rural e instalaciones productivas.

El prolongado corte de electricidad registrado en distintos sectores rurales de La Araucanía tras el último sistema frontal abrió nuevos cuestionamientos sobre la mantención preventiva de las redes eléctricas y la capacidad de respuesta de las empresas distribuidoras.

Desde la Asociación Gremial de Agricultores Unidos de Chile señalaron que las lluvias y los fuertes vientos asociados al río atmosférico categoría 5 no podían evitarse, pero aseguraron que parte de sus consecuencias sí podían reducirse mediante inspecciones oportunas, podas adecuadas y el despeje de las zonas de seguridad alrededor de los tendidos.

Camilo Guzmán, presidente del gremio, sostuvo que no resulta aceptable que las familias rurales permanezcan durante más de diez días sin electricidad después de cada temporal.

“No podemos controlar la lluvia ni la intensidad del viento, pero sí podemos inspeccionar las redes, despejar las fajas de seguridad, podar correctamente y retirar los árboles que representan un riesgo. El problema es que todos los años se repiten los mismos cortes prolongados y el mundo rural continúa siendo uno de los últimos sectores en recuperar el suministro”, afirmó.

Ramas y árboles continúan cerca del tendido

De acuerdo con Agricultores Unidos, productores de distintas comunas han reportado ramas apoyadas sobre los cables, árboles inclinados hacia las líneas eléctricas y vegetación creciendo dentro de las zonas de seguridad.

El gremio explicó que estas condiciones, sumadas a las ráfagas de viento y a la saturación de los suelos, aumentan la posibilidad de caída de árboles y pueden generar varios puntos de falla de manera simultánea, complicando la reposición en territorios rurales extensos.

Guzmán planteó que podrían existir sectores donde no se estarían cumpliendo adecuadamente las normas de mantención y seguridad relacionadas con la vegetación cercana a las redes.

“La normativa obliga a monitorear, podar o retirar los árboles y ramas que puedan tocar los conductores o caer sobre ellos. En las líneas rurales existen distancias mínimas de seguridad y, además, la obligación no termina en la franja de servidumbre: también deben evaluarse los árboles vecinos cuya altura, inclinación o estado sanitario represente un riesgo”, señaló.

En ese contexto, el dirigente llamó a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a fiscalizar si los programas de poda y mantención fueron ejecutados correctamente y si las medidas adoptadas por las empresas fueron técnicamente suficientes.

Pérdida de alimentos y paralización productiva

Los cortes prolongados no solo afectan la vida cotidiana de las familias, sino que también generan importantes pérdidas económicas.

En sectores alejados, donde las compras de alimentos suelen realizarse para varias semanas, la falta de electricidad puede provocar la pérdida de carne, leche, verduras y otros productos almacenados en refrigeradores o congeladores.

En el ámbito agrícola, la interrupción del suministro puede paralizar ordeñas, cámaras de frío, bombas de agua, sistemas de alimentación animal, equipos de ventilación y otras instalaciones necesarias para mantener la producción.

La falta de energía también puede detener los sistemas de Agua Potable Rural, afectando el abastecimiento para consumo humano, animales y actividades productivas.

“Las empresas eléctricas deben asumir su responsabilidad, especialmente donde antes del temporal ya existían ramas y árboles peligrosamente cercanos al tendido. No basta con realizar podas parciales o reactivas. Se necesita una evaluación técnica, despeje efectivo y seguimiento permanente”, enfatizó Guzmán.

Daños en invernaderos y suelos anegados

El gremio también alertó sobre los daños provocados por el viento en invernaderos, cubiertas plásticas, galpones, bodegas y cercos.

Para los pequeños horticultores, la destrucción de un invernadero puede significar la pérdida de cultivos, almácigos, inversiones e ingresos correspondientes a una temporada completa.

A ello se suma el anegamiento y la saturación de los suelos producto de las lluvias prolongadas.

Según explicaron desde la organización, el exceso de agua disminuye el oxígeno disponible para las raíces, aumenta el riesgo de asfixia radicular, favorece la pérdida de nutrientes y deteriora la estructura del suelo.

Las condiciones del terreno también impiden el ingreso de maquinaria para realizar tareas de fertilización, manejo de praderas y control de malezas.

Piden prioridad para APR y lecherías

Agricultores Unidos planteó que la actividad agrícola debe ser considerada como infraestructura crítica permanente, debido a su importancia para la producción y el abastecimiento de alimentos.

“Cuando una lechería no puede ordeñar, un APR deja de entregar agua, se destruye un invernadero o un camino impide retirar la producción, no solamente se perjudica a un agricultor. Se interrumpe una parte fundamental de la cadena alimentaria de todos los chilenos”, indicó Guzmán.

El gremio solicitó realizar un catastro técnico de los daños agrícolas, reforzar la fiscalización de las redes rurales y establecer protocolos prioritarios de reposición para sistemas de Agua Potable Rural, lecherías, cámaras de frío, centros de acopio y otras instalaciones productivas.

“El clima es impredecible, pero la prevención sí puede gestionarse. Cuando los mismos problemas se repiten cada año, ya no hablamos únicamente de una emergencia natural, sino de una deficiencia estructural que debe ser corregida. No puede haber familias rurales más de diez días sin electricidad”, concluyó el dirigente.