El senador Ricardo Celis sostuvo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos no defiende a homicidas, mientras María Elena Calfuquir, exfuncionaria del organismo y perito en evaluación de daño por tortura, explicó que su misión es fiscalizar posibles vulneraciones cometidas por agentes del Estado. Ambos rechazaron la solicitud de la Multigremial de La Araucanía de poner fin a la institución.
La petición de la Multigremial de La Araucanía de eliminar el Instituto Nacional de Derechos Humanos, INDH, continúa generando reacciones políticas y un intenso debate sobre las funciones que cumple el organismo.
La controversia comenzó luego de que el INDH confirmara una visita al detenido Carlos Cancino Tapia y a uno de los funcionarios de Carabineros hospitalizados tras la balacera registrada en Valdivia.
Cancino fue detenido por su presunta participación en el homicidio del cabo Eugenio Naín. Durante el procedimiento policial resultó gravemente herido el cabo primero del GOPE Marco Cosme Barquero, quien posteriormente falleció.
La Multigremial acusó al instituto de mantener una “doble vara” frente a las víctimas de hechos de violencia en la Macrozona Sur y planteó que el organismo debía dejar de existir y de recibir financiamiento público.
Sin embargo, el senador por La Araucanía Ricardo Celis rechazó esa vinculación y aseguró que el homicidio de un funcionario policial y la labor del INDH corresponden a asuntos diferentes.
“El Instituto Nacional de Derechos Humanos ha tenido un rol importante en Chile en la protección de los derechos humanos. No anda defendiendo homicidas ni asesinos. Esa no es la tarea del INDH”, afirmó durante una entrevista con Novena Digital.
Celis recalcó que quien mata intencionalmente a un carabinero debe enfrentar una sanción penal severa, pero sostuvo que esa persecución corresponde a la Fiscalía y a los tribunales, no al Instituto Nacional de Derechos Humanos.
“El que mata al carabinero es un asesino, es un homicida. Es un tipo que lo hace de forma premeditada, tiene armas para enfrentar al policía y lo mata. Eso tiene una sanción muy fuerte, pero el Instituto de Derechos Humanos no tiene nada que ver con ese homicida”, señaló.
“La Multigremial comete un equívoco”
Consultado sobre las críticas contra el organismo, Celis responsabilizó a la Multigremial de instalar una confusión sobre el verdadero alcance de la defensa de los derechos humanos.
“¿Cuál es el rol del Instituto de Derechos Humanos? Defender los derechos humanos cuando el Estado ha actuado contra las personas y ha vulnerado sus derechos constitucionales y humanos”, explicó.
El senador sostuvo que el instituto no reemplaza a los tribunales ni determina la inocencia o culpabilidad de una persona. Su labor, agregó, aparece cuando existe una posible vulneración atribuible al Estado o a sus agentes.
Al ser consultado directamente sobre la solicitud de eliminar el INDH, Celis respondió que se encuentra “totalmente en desacuerdo”.
Exfuncionaria explica por qué el INDH visitó al detenido
Una postura similar manifestó María Elena Calfuquir, exfuncionaria del INDH, perito en derechos humanos especializada en evaluación de daños causados por tortura y familiar de un detenido desaparecido y de un ejecutado político durante la dictadura.
Calfuquir explicó que trabajó dentro de la institución y que participó en capacitaciones dirigidas a organismos públicos, entre ellos Carabineros y funcionarios del GOPE.
Según señaló, una de las principales confusiones ciudadanas está relacionada con la diferencia entre un delito cometido por un particular y una vulneración de derechos humanos atribuible al Estado.
“El Estado tiene el deber de velar y garantizar los derechos humanos. Por eso se habla de violaciones a los derechos humanos cuando es el propio Estado el que transgrede ese principio”, explicó.
En términos prácticos, sostuvo que si un civil hiere o mata a un carabinero, el hecho debe ser investigado como delito por la Fiscalía y sancionado por los tribunales. En cambio, el INDH puede intervenir cuando una persona denuncia que sus derechos fueron vulnerados mientras se encontraba bajo custodia o responsabilidad estatal.
Calfuquir también aclaró que los policías son titulares de derechos humanos y pueden recurrir al instituto cuando sufran vulneraciones cometidas por otros agentes u organismos del Estado.
“Fue a visitar a un privado de libertad”
Respecto de la visita a Carlos Cancino, Calfuquir afirmó que el instituto no acudió al hospital para respaldar su causa, defender su inocencia o justificar los delitos que se le atribuyen.
“El INDH, cuando va a visitar al señor Cancino, no lo va a visitar porque es Carlos Cancino, porque es mapuche o porque está adscrito a una causa. Va a visitar a un privado de libertad”, sostuvo.
Las personas privadas de libertad forman parte de los grupos que requieren especial observación, debido a que se encuentran bajo custodia estatal y poseen menores posibilidades de controlar las condiciones en las que permanecen detenidas.
“Querer condenar al INDH porque visitó a un privado de libertad es rebajar el tema en cuestión. Surge de la ignorancia respecto de cuál es su rol y por qué existe”, afirmó Calfuquir.
El propio instituto informó que su equipo regional no visitó exclusivamente al detenido. También acudió a conocer el estado del funcionario policial hospitalizado y conversó con los médicos tratantes de ambos pacientes.
En el caso de Cancino, no fue posible entrevistarlo debido a que se encontraba imposibilitado de hablar producto de su condición médica.
Comparó al INDH con la Contraloría
Calfuquir rechazó la posibilidad de eliminar el organismo y comparó su papel fiscalizador con el trabajo que realiza la Contraloría General de la República frente a posibles irregularidades cometidas dentro del aparato público.
“¿Qué pasa si se elimina la Contraloría? ¿Quién va a controlar la corrupción?”, preguntó.
A su juicio, Chile debe conservar una institución autónoma que supervise el cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de derechos humanos, desarrolle labores preventivas y capacite a quienes ejercen funciones públicas.
“El INDH tiene que existir mientras existan violaciones a los derechos humanos en este país. Le pueden cambiar el nombre, si quieren, pero tiene que existir”, enfatizó.
La exfuncionaria agregó que la institución podría mejorar su capacidad para explicar sus funciones a la ciudadanía, especialmente ante la percepción de que su trabajo estaría concentrado únicamente en detenidos, manifestantes o personas acusadas de delitos.
Un debate marcado por el desconocimiento
La discusión también se trasladó a las redes sociales de Novena Digital, donde numerosos usuarios respaldaron la eliminación del instituto y lo acusaron de proteger a delincuentes.
Otros lectores defendieron su existencia y explicaron que verificar las condiciones de una persona detenida no implica respaldar sus acciones, cuestionar la labor policial ni interferir en el proceso penal.
También aparecieron posturas intermedias que plantearon reformar el INDH, fortalecer su imparcialidad y mejorar su relación con víctimas de violencia rural y funcionarios policiales.
El organismo fue creado mediante la Ley N.º 20.405, publicada el 10 de diciembre de 2009, y comenzó a funcionar en 2010. Su misión comprende la promoción y protección de los derechos humanos y la observación de la actuación de los organismos estatales.
La controversia permanece abierta. Mientras la Multigremial sostiene que el INDH perdió su razón de ser, Celis y Calfuquir afirman que eliminarlo significaría confundir la persecución penal de los delitos con la obligación de vigilar que el Estado respete los derechos fundamentales.
Noticias relacionadas
Empleo en La Araucanía: Gobierno eleva a 2 mil cupos temporales de Conaf mientras desocupación llega a 10,1%
“Bingotón por Cami” busca reunir fondos para cirugía de $30 millones en Temuco
“Solo quiero justicia para mi hijo”: madre de Luis Arroyo pide respuestas a tres meses del atropello en Camino a Niágara