La iniciativa, conocida como proyecto “antifiltraciones” y denominada “Ley Mordaza 2.0” por organizaciones periodísticas, contempla penas de hasta cinco años de reclusión y multas de hasta 300 UTM. Su discusión y votación en general están programadas para la tarde de este martes.
El Senado tiene contemplado discutir y votar durante la tarde de este martes 4 de agosto el proyecto de ley que busca fortalecer la protección de determinados antecedentes de procesos penales y sancionar su divulgación indebida.
La iniciativa, correspondiente al Boletín N.º 17.484-07, aparece como el tercer punto de la tabla de la sesión ordinaria convocada entre las 16:00 y las 20:00 horas. Se encuentra en su primer trámite constitucional y será sometida a discusión y votación en general, instancia en la que los parlamentarios deberán pronunciarse sobre la idea de legislar.
El proyecto figura en “segunda discusión”, luego de que su debate y votación quedaran pendientes en junio por una solicitud formulada por la senadora Claudia Pascual, en representación de su comité. En caso de que la iniciativa no alcance a ser tratada este martes, también fue incorporada a la tabla de la sesión del miércoles 5 de agosto.
La moción fue presentada por la senadora Paulina Núñez y los senadores Pedro Araya, Luciano Cruz-Coke y Alfonso De Urresti, además de la exsenadora Luz Ebensperger.
Según sus autores, el objetivo es evitar que antecedentes de investigaciones penales sean utilizados para perjudicar públicamente a personas, entorpecer diligencias o vulnerar la intimidad de quienes participan en una causa, sin afectar el derecho a la información.
Penas y multas contempladas
El texto aprobado por la Comisión de Constitución establece distintas sanciones dependiendo de la forma en que se acceda, entregue o divulgue la información.
Quien tenga acceso, bajo cualquier calidad, a un proceso penal y entregue sin causa justificada antecedentes de la investigación podría ser sancionado con reclusión menor en sus grados mínimo a medio o una multa de entre 10 y 100 UTM.
En tanto, quien difunda o divulgue sin causa justificada antecedentes, piezas u otra información de una investigación penal arriesgaría reclusión menor en su grado medio o una multa de entre 20 y 200 UTM.
Cuando la información divulgada haya sido declarada secreta o reservada, la pena aumentaría a reclusión menor en sus grados medio a máximo —un rango que puede llegar hasta los cinco años— o una multa de entre 30 y 300 UTM.
La UTM correspondiente a agosto de 2026 alcanza los $71.649, por lo que una multa de 300 UTM equivale actualmente a cerca de $21,5 millones.
El proyecto también contempla sanciones específicas para fiscales, funcionarios del Ministerio Público, defensores, querellantes, policías y otros funcionarios públicos que, teniendo conocimiento de un proceso penal, entreguen o divulguen antecedentes de una investigación.
Cuando los antecedentes difundidos por estos intervinientes se encuentren bajo secreto o reserva, se establece además una inhabilitación temporal para ejercer cargos y oficios públicos.
El máximo vigente es de 300 UTM
Durante las últimas horas han circulado publicaciones que señalan que el proyecto contempla multas de hasta 500 UTM. Sin embargo, esa cifra no corresponde al texto actualmente informado por la Comisión de Constitución y puesto en tabla por el Senado.
La versión que será sometida a discusión establece como sanción económica máxima una multa de 300 UTM para la divulgación injustificada de información declarada secreta o reservada.
Antecedentes sin interés investigativo
La iniciativa también crea un “anexo separado y reservado de antecedentes sin interés investigativo”.
En este apartado, los fiscales deberán archivar registros, documentos o antecedentes que carezcan de interés para la investigación o que sean manifiestamente impertinentes para la causa. El imputado y su defensa podrán acceder al contenido, pero no obtener copias ni realizar registros fotográficos.
Además, el proyecto permite declarar excepcionalmente el secreto de actuaciones, documentos o incluso de la carpeta investigativa por un plazo máximo de 90 días, cuando resulte indispensable para la investigación o exista un riesgo grave para la seguridad de los intervinientes o de terceras personas.
Cuestionamientos desde el periodismo
La propuesta ha sido denominada “Ley Mordaza 2.0” por el Colegio de Periodistas de Chile y otras organizaciones vinculadas a las comunicaciones.
Los cuestionamientos apuntan especialmente a la disposición que sanciona a “el que” difunda o divulgue antecedentes sin causa justificada. Aunque el articulado no menciona expresamente a los periodistas, el gremio advierte que su formulación amplia podría alcanzar a profesionales y medios que publiquen información de interés público obtenida durante investigaciones periodísticas.
La presidenta del Colegio de Periodistas de Chile, Rocío Alorda, ha sostenido que la propuesta podría dificultar el trabajo periodístico relacionado con investigaciones judiciales y generar un efecto inhibidor sobre la publicación de casos de corrupción o abuso de poder.
El senador Pedro Araya, presidente de la Comisión de Constitución y uno de los autores de la moción, ha defendido que el texto pretende proteger la intimidad de quienes participan en procesos penales, resguardar las investigaciones y evitar filtraciones, sin afectar la libertad de información.
Una eventual aprobación durante esta jornada solo significaría el respaldo en general de la Sala. El proyecto todavía deberá continuar su tramitación legislativa antes de una eventual aprobación definitiva y promulgación.
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