Un informe enviado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU para América del Sur advierte que la iniciativa, impulsada por senadores de derecha y actualmente en tramitación en el Senado, podría contravenir estándares internacionales sobre sanción a crímenes de lesa humanidad.
La Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas para América del Sur envió una carta al Senado de Chile en la que analiza el proyecto de ley que busca permitir el cumplimiento alternativo de penas para reclusos mayores o con enfermedades terminales, lo que podría traducirse en arresto domiciliario en lugar de cárcel. El organismo advirtió que la iniciativa podría contravenir los estándares internacionales en materia de sanción a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
El documento, firmado por el representante regional Jan Jarab, sostiene que el derecho internacional obliga a los Estados a investigar, juzgar y sancionar adecuadamente este tipo de delitos, con penas proporcionales a su gravedad. Según la ONU, la propuesta en discusión no establece distinciones claras respecto a la naturaleza de los delitos, lo que podría abrir espacios de impunidad y tensionar el principio de igualdad ante la ley.
El análisis también recuerda que Chile ha ratificado diversos tratados internacionales —como la Convención contra la Tortura, la Convención sobre Desaparición Forzada y el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional— que obligan al Estado a garantizar sanciones adecuadas para estos crímenes. En ese sentido, la ONU subraya que las medidas de reducción o modificación de penas solo podrían aplicarse de forma excepcional y bajo criterios estrictos, como la cooperación efectiva con la justicia o avances en la reparación a las víctimas.
El proyecto, impulsado por los senadores Francisco Chahuán, Luz Ebensperger, Luciano Cruz-Coke, Alejandro Kusanovic y Carlos Kuschel, fue aprobado en general en el Senado por un estrecho margen de 23 votos a favor y 22 en contra. La iniciativa ha generado un intenso debate político y social, ya que organizaciones de derechos humanos advierten que podría beneficiar a condenados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura.
Desde Naciones Unidas recalcaron que las políticas penales pueden considerar medidas alternativas a la cárcel en ciertos casos, pero advirtieron que estas no deben generar impunidad. “La indulgencia no debe tener el efecto de hacer ilusoria la justicia penal”, señaló Jarab, enfatizando que cualquier beneficio debe evaluarse considerando la gravedad de los delitos y el derecho de las víctimas a la justicia.
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