El presidente José Antonio Kast anunció más de 30 iniciativas para combatir el crimen organizado y el terrorismo, incluyendo mayor presencia policial, ampliación del plazo de flagrancia, control fronterizo y nuevas sanciones. Sin embargo, el Gobierno todavía no informa qué medidas se aplicarán específicamente en La Araucanía, qué comunas serán priorizadas ni qué recursos recibirán las instituciones regionales.
El presidente de la República, José Antonio Kast, presentó durante una cadena nacional la denominada Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), un conjunto de más de 30 iniciativas con las que el Gobierno busca endurecer la persecución, captura, juzgamiento y condena de personas vinculadas con organizaciones criminales.
Aunque los anuncios fueron planteados a nivel nacional, varias de las medidas podrían tener una incidencia especial en la Región de La Araucanía, debido a la presencia de delitos asociados al tráfico de drogas, armas, robo de vehículos, violencia rural y ataques incendiarios, además del despliegue policial y militar que se mantiene en la denominada Macrozona Sur.
Sin embargo, la cadena nacional no incluyó anuncios concretos para la región, ni precisó qué comunas podrían recibir mayor presencia policial, cuántos recursos adicionales serán destinados a Carabineros, la PDI, Gendarmería o la Fiscalía Regional, ni qué infraestructura será reforzada.
Despliegue policial en 50 barrios críticos
Uno de los principales anuncios del mandatario fue mantener un despliegue policial permanente en los 50 barrios considerados más críticos del país, mediante copamiento territorial, patrullajes y apoyo tecnológico.
El presidente José Antonio Kast sostuvo que la estrategia no buscará perseguir únicamente delitos individuales, sino organizaciones completas, incluyendo a sus líderes, colaboradores, encubridores, cómplices y testaferros.
La primera interrogante para La Araucanía es cuántos de esos 50 barrios están ubicados en la región.
Hasta ahora, el Gobierno no ha informado si sectores de Temuco, Padre Las Casas, Angol, Collipulli, Victoria u otras comunas serán incorporados en el plan, ni cuáles serán los criterios utilizados para definir las zonas prioritarias.
Tampoco se conoce si el despliegue significará un aumento efectivo de la dotación policial o solamente una redistribución de los funcionarios que actualmente trabajan en la región.
Ampliación de la flagrancia
La agenda también propone aumentar de 12 a 24 horas el plazo de flagrancia, con el objetivo de entregar más tiempo a las policías para detener a personas vinculadas con un delito.
En una región extensa y con numerosos sectores rurales, esta modificación podría facilitar la persecución de sospechosos después de ataques incendiarios, robos violentos, delitos con armas o hechos ocurridos en lugares alejados de los principales centros urbanos.
El mandatario también anunció una mayor persecución de prófugos, el fortalecimiento de las expulsiones y nuevas herramientas para el control de las fronteras.
No obstante, la ampliación de la flagrancia todavía debe ser discutida por el Congreso y no comenzó a regir con el anuncio presidencial.
¿Qué ocurrirá con los cortes de rutas?
Otro punto con impacto regional es la propuesta de sancionar como delito la instalación de barricadas, vehículos u obstáculos destinados a bloquear ilegalmente una calle o camino.
La medida podría incidir directamente en La Araucanía, donde se han registrado cortes de rutas asociados a manifestaciones, conflictos territoriales y hechos de violencia rural.
El contenido definitivo del proyecto será clave para determinar cómo se distinguirá entre una protesta social, una interrupción del tránsito y una acción destinada a facilitar, ejecutar o encubrir un delito.
El presidente también planteó aumentar las sanciones contra quienes utilicen a menores de edad para transportar drogas, vigilar sectores o participar en actividades delictivas.
La pregunta pendiente es qué mecanismos de investigación y prueba serán utilizados para evitar que la norma termine aplicándose de manera amplia o indiscriminada.
Mayor protección para policías y Fuerzas Armadas
La Agenda ACOT considera además una mayor protección jurídica para carabineros, detectives, gendarmes e integrantes de las Fuerzas Armadas que actúen en legítima defensa.
El anuncio adquiere particular relevancia para La Araucanía debido a los operativos policiales desarrollados en sectores rurales y a la presencia militar en el marco del estado de excepción vigente en la Macrozona Sur.
Sin embargo, el presidente José Antonio Kast no explicó durante la cadena nacional qué normas serán modificadas, cómo se acreditará la legítima defensa ni qué controles se establecerán para investigar actuaciones que eventualmente excedan el uso legal de la fuerza.
Control fronterizo en la zona cordillerana
El Gobierno anunció que reforzará las fronteras mediante zanjas, drones y monitoreo tecnológico permanente.
En La Araucanía, esta política podría tener efectos en los pasos fronterizos de Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal, además de los sectores cordilleranos utilizados como pasos no habilitados.
No obstante, la cadena nacional no informó si la región recibirá drones, sistemas de vigilancia, nuevos funcionarios o infraestructura adicional.
Tampoco se precisó si las zanjas anunciadas serán aplicables en la frontera regional, considerando las características montañosas, boscosas y climáticas de la cordillera de La Araucanía.
Crimen organizado y sistema penitenciario
La agenda establece que pertenecer a una organización criminal podría transformarse en un delito con penas agravadas.
También se propone aplicar un régimen penitenciario especial a narcotraficantes que continúen dirigiendo operaciones desde las cárceles, además de crear una agencia estatal encargada de decomisar y destruir bienes provenientes del crimen organizado.
Para La Araucanía, estas iniciativas podrían generar un aumento de las investigaciones patrimoniales, el decomiso de vehículos, inmuebles, dinero o maquinaria y una mayor carga de trabajo para la Fiscalía Regional, los tribunales, Gendarmería y las unidades especializadas de las policías.
Pero todavía no se conocen los recursos humanos y presupuestarios que acompañarán estas nuevas funciones.
Gobierno afirma que bajó la violencia en la Macrozona Sur
Durante su discurso, el presidente José Antonio Kast afirmó que la violencia en la Macrozona Sur disminuyó un 18,8%.
El mandatario también aseguró que los homicidios bajaron un 18,7% a nivel nacional, que los secuestros confirmados por la PDI disminuyeron un 45% y que los ingresos irregulares por las fronteras se redujeron un 86,5%.
Sin embargo, la cadena no detalló el periodo utilizado para calcular la reducción de la violencia en la Macrozona Sur, los delitos incorporados en la medición ni cuánto de esa disminución corresponde específicamente a La Araucanía.
También queda pendiente conocer si las cifras incluyen únicamente ataques incendiarios o si consideran amenazas, usurpaciones, cortes de rutas, atentados contra maquinaria, robos de madera y otros delitos relacionados con la violencia rural.
Más de 30 proyectos aún deben tramitarse
La Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo contempla más de 30 iniciativas, algunas actualmente en el Congreso, otras correspondientes a mociones parlamentarias y varias que serán presentadas durante los próximos días.
El presidente José Antonio Kast instruyó al ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, para trabajar con el Congreso y manifestó su intención de que las medidas sean aprobadas antes de Navidad.
Por lo tanto, los anuncios no generan cambios inmediatos para los habitantes de La Araucanía. La ampliación de la flagrancia, las nuevas sanciones, la reforma constitucional y las modificaciones penitenciarias todavía deberán ser discutidas y aprobadas.
Las preguntas que quedan abiertas para La Araucanía
Tras la cadena nacional, existen varias interrogantes que deberán ser respondidas por el Ministerio de Seguridad Pública y las autoridades regionales:
¿Cuántos de los 50 barrios priorizados se encuentran en La Araucanía?
¿Qué comunas recibirán mayor presencia policial y durante cuánto tiempo?
¿Habrá nuevos funcionarios para Carabineros y la PDI o se redistribuirá la dotación existente?
¿Qué presupuesto adicional se entregará a la Fiscalía Regional, Gendarmería y los tribunales?
¿Qué delitos fueron considerados para afirmar que la violencia en la Macrozona Sur bajó un 18,8%?
¿Qué medidas se implementarán en Pino Hachado, Icalma y Mamuil Malal?
¿Cómo se diferenciarán los cortes de rutas vinculados con delitos de las manifestaciones sociales?
¿La agenda modificará las condiciones del despliegue militar en la Macrozona Sur?
¿Existirán medidas de protección y reparación para las víctimas de la violencia rural?
La respuesta a estas preguntas permitirá determinar si la Agenda ACOT significará un cambio real para los habitantes de La Araucanía o si, por ahora, se mantendrá principalmente como una propuesta legislativa de alcance nacional.
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