Cámara aprueba proyecto que reduce dividendos de créditos hipotecarios: se despacha a ley

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó y despachó a ley el proyecto que busca reducir los dividendos de los créditos hipotecarios para viviendas, en un esfuerzo por apoyar a las familias y reactivar el sector inmobiliario.

La normativa permitirá que personas naturales accedan a un subsidio a la tasa de interés hipotecaria de 60 puntos, lo que se traducirá en una disminución de los dividendos mensuales. El proyecto fue enviado al Ejecutivo para su promulgación como ley.

🏠 ¿A quiénes beneficiará este subsidio?

El beneficio está destinado a la compra de viviendas nuevas que no superen las 4 mil UF y se entregará junto a una garantía estatal. Sin embargo, no será aplicable a compraventas o promesas de compraventa firmadas antes del 31 de diciembre de 2024, ni a créditos hipotecarios novados.

Además, quienes postulen deberán cumplir con los requisitos del Programa de Garantías Apoyo a la Vivienda Nueva y lo establecido por el Ministerio de Hacienda.

Desde la Cámara explicaron que se destinarán 6 mil subsidios exclusivamente para personas naturales, bajo las siguientes condiciones:

• La vivienda debe ser una primera venta.
• El crédito debe ser para la primera vivienda.
• El valor de la unidad no debe superar las 3 mil UF.
• Las y los postulantes deben cumplir con las normativas del Sistema Integrado de Subsidio Habitacional y de la presente ley.

🏛️ Modificaciones al Fondo de Garantía Estatal

El proyecto también incluye modificaciones al Fondo de Garantía Estatal (Fogaes), creando un nuevo programa de apoyo a la vivienda nueva de hasta 4 mil UF, con una cobertura de hasta 60% del valor del inmueble. Esta garantía estatal tendrá una vigencia de entre 5 y 15 años, y podrá solicitarse hasta el 31 de diciembre de 2030 o hasta 15 años después de otorgado el último crédito garantizado bajo este sistema.

Por otro lado, se crea el Programa de Garantías de Recuperación Productiva Regional, destinado a empresas con ventas anuales entre 25 mil UF y un millón de UF, que desarrollen actividades con una clara identificación regional o local (excluyendo la Región Metropolitana).

Finalmente, el proyecto establece que los Ministerios de Hacienda y Economía deberán evaluar cada año la necesidad de activar el programa en regiones específicas, considerando indicadores como el empleo, los ingresos, la inversión y la ocurrencia de desastres naturales.