Casi 2000 periodistas trabajan para el Estado: ¿Quién vigila a los “vigilantes”?

El panorama del periodismo en Chile ha experimentado un cambio significativo en las últimas décadas. Mientras los medios tradicionales enfrentan desafíos económicos y de credibilidad, el Estado se ha convertido en el principal empleador de periodistas. Un reciente estudio reveló que más de mil periodistas trabajan en los distintos ministerios y la Presidencia, una cifra que pone en evidencia el creciente peso del Estado en la producción de información.

Esta tendencia, observada también a nivel global, se explica en parte por la creciente importancia que las autoridades otorgan a la comunicación como herramienta de gestión y control. La frase «más que un problema de gestión se trata de un problema comunicacional» se ha convertido en un mantra recurrente entre los políticos, quienes ven en la comunicación una forma de consolidar su poder y legitimar sus acciones.

La Secretaría General de Gobierno (Segegob) se posiciona como el principal centro de comunicaciones del Estado, concentrando 130 periodistas. Este ministerio, encargado de la relación del Gobierno con los medios de comunicación, cuenta con un equipo de 91 profesionales dedicados exclusivamente a tareas comunicacionales. Le siguen en importancia los ministerios de Cultura y Justicia, con 161 y 100 periodistas, respectivamente.

Si bien estudios como Glassdoor sitúan el sueldo promedio de un periodista en Chile en torno a los $1.500.000 mensuales, las remuneraciones de los periodistas que trabajan en el sector público, particularmente en el Gobierno Central, suelen ser significativamente más altas. Aunque no existen cifras oficiales promedio para este grupo, un análisis de los portales de transparencia revela que muchos de ellos perciben sueldos que superan con creces el promedio del mercado.

Sin embargo, esta creciente presencia del Estado en el ámbito de la comunicación plantea interrogantes sobre la independencia informativa y el rol de los medios tradicionales. ¿Cómo garantizar que la información que se entrega a la ciudadanía sea objetiva y veraz cuando proviene de fuentes con un claro interés en moldear la opinión pública? ¿Cuál es el impacto de esta situación en la calidad del debate público y en el control ciudadano del poder?